El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se reúne este miércoles con el ministro Félix Bolaños y el diputado del PP, Esteban González Pons, con la misión de poner de acuerdo al Gobierno español y al primer partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El veto que el PP mantiene desde hace cinco años bloquea la renovación del Gobierno de los jueces, un órgano que durante todo este tiempo de mandato caducado ha tenido una mayoría absoluta de vocales conservadores convertida en ariete político contra el Ejecutivo.
Reynders también pretende mediar entre Bolaños y González Pons para garantizar, además de la renovación urgente, la reforma de la ley que regula el sistema de elección del Consejo. El comisario de Justicia europeo defiende que esa reforma legal “tenga en cuenta las normas europeas”, que supuestamente obligan a que al menos la mitad del Consejo General del Poder Judicial sea elegido directamente por los jueces.
La ley establece desde 1985 que el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales del Consejo. Los 12 vocales jueces son seleccionados por ambas cámaras de una lista que proporcionan los propios jueces a través de la recogida de avales o de las propuestas de las asociaciones judiciales. Al menos 43 jueces —que recogieron apoyos de sus compañeros o fueron propuestos por alguna de las cuatro asociaciones judiciales— esperan desde hace cinco años a que el Congreso y el Senado elijan a los 12 miembros de extracción judicial para el nuevo Consejo.
El PP pone como condición innegociable para facilitar la renovación que se presente una reforma legal para cambiar el sistema de elección del Consejo. El Gobierno, por su parte, defiende la elección “democrática por el Parlamento y no corporativa por los jueces” del CGPJ. El partido conservador cuenta como aliado de su propuesta con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien señala que hay que reformar el modelo para que los jueces sean elegidos por sus homólogos y no por los políticos, de acuerdo a las normas europeas.
“No existe ninguna norma del ordenamiento jurídico comunitario que obligue a que los vocales de los consejos judiciales sean elegidos por sus homólogos”, aclara Paloma Biglino, catedrática de Derecho Constitucional que ha investigado y publicado un informe sobre “los estándares europeos sobre las elecciones de los consejos judiciales”. La catedrática aclara que tan solo existe una recomendación aprobada en 2010 por el comité de ministros del Consejo de Europa, donde se establece lo siguiente: “que no menos de la mitad de los miembros de estos consejos sean jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del Poder Judicial con respeto al pluralismo dentro del Poder Judicial”. Algunas instituciones del propio Consejo de Europa, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) o la Comisión de Venecia, han seguido esa recomendación a la hora de llevar a cabo sus rondas de evaluaciones. “Pero ni siquiera el Reglamento de Condicionalidad de la Unión Europea, cuyo artículo 2 enumera los principios que concretan el Estado de Derecho, contiene una previsión de este tipo”, escribe Biglino.
El Gobierno del PP aprobó en 2013, tres años después de las recomendaciones del Consejo de Europa, una reforma del Poder Judicial que mantuvo en manos del Parlamento la elección de los 20 vocales. Entonces, el PP defendió una reforma que desoía las recomendaciones del Consejo de Europa a las que ahora se aferra. “La ley garantiza la representación de toda la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces. Por ello, cualquier juez podrá presentar su candidatura a vocal del Consejo General del Poder Judicial con la única condición de aportar el aval de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una asociación judicial. Cada juez o asociación podrá a su vez avalar a un máximo de 12 candidatos”, dijo entonces el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Comisión Europea no reprochó a España esta reforma legal de 2013 que mantenía en manos de los diputados y los senadores la elección de los 20 vocales del CGPJ. Las asociaciones de jueces conservadoras, que ahora reivindican el cambio de sistema, tampoco levantaron entonces la voz contra la reforma del PP.
La Comisión Europea comenzó en 2020 a elaborar y publicar informes anuales sobre la situación del Estado de derecho en cada uno de los países miembros. Y desde entonces, cuando se refiere a España, destaca como principal problema la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (bloqueado desde 2018 por el PP) y la necesidad de reformar la ley para cambiar el sistema de elección.
El informe de la catedrática Paloma Biglino subraya que la Comisión de Venecia reconoce la variedad de fórmulas que existen en Europa sobre la elección del Consejo del Poder Judicial y recuerda que hay países donde los nombramientos judiciales son efectuados por el Gobierno de turno. En España, los nombramientos de cargos judiciales dependen del Consejo General del Poder Judicial y requieren una mayoría cualificada, aunque cuando, como ahora, tienen el mandato caducado, no pueden hacer esos nombramientos tras una reforma legal urgente que el Gobierno impulsó para forzar la renovación de este órgano.
Para salir del “entuerto”, la catedrática Biglino sólo ve la opción de que “los jueces elijan a los jueces, lo que evitaría el bloqueo en la renovación del Poder Judicial”. “Y los que dicen que eso provocaría que todos los vocales fueran conservadores porque las asociaciones conservadoras son mayoritarias, yo creo que eso no es así porque hay muchos jueces no asociados que votan”, añade.
La falta de renovación del Poder Judicial ha causado ya importantes daños en el Tribunal Supremo, donde casi un tercio de su plantilla de magistrados (jubilados o fallecidos en este tiempo) no han podido ser sustituidos, lo que ha provocado que se dicten 1.000 sentencias menos cada año, según las últimas estadísticas del propio Consejo.
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