Víctimas de abusos sexuales en instituciones católicas, en una convocatoria inédita, han protestado a las puertas del Parlament de Cataluña este martes para exigir una mejor protección a la infancia a través de políticas públicas. Decenas de personas han escenificado, a pocos días de las elecciones catalanas, su malestar y han presentado también un “plan de reparación” y de “no repetición” de las agresiones sexuales a niños. Entre otras cuestiones, exigen una reforma del código penal para que el delito no prescriba, una reforma del código civil para que las indemnizaciones tampoco lo hagan, más formación en las escuelas, y dotar de mayor financiación las instituciones responsables de prevenir este tipo de ataques. Los manifestantes han exigido a los políticos que “asuman su responsabilidad” y que no dejen “en manos de instituciones privadas” la reparación de las víctimas y la prevención.
Entre los impulsores de un decálogo de propuestas, bautizado como Declaración de Barcelona que han entregado a los partidos políticos de ERC, Comuns y PSC, se encuentra Miguel Hurtado, la primera persona que denunció en 2019 haber sufrido abusos sexuales por parte del monje benedictino Andreu Soler en la Abadía de Montserrat. “No puede ser que las instituciones religiosas, donde se han perpetrado numerosos casos de abusos a niños, tengan tanto margen de autonomía y sean las que decidan sus propios protocolos, indemnizaciones y medidas de reparación y de no repetición”, ha defendido Hurtado en la protesta, convocada a las once de la mañana. Después de su caso, otras 12 víctimas denunciaron al mismo religioso, y dos más a otro monje de la misma Abadía.
Los abusos sexuales a menores en instituciones religiosas “deberían formar parte de los programas electorales” y de los “pactos de investidura y en las investiduras”, por “la responsabilidad política que corresponde” y porque “hay una deuda histórica con las víctimas”, ha subrayado Hurtado. Las víctimas también han denunciado que la comisión que se creó en el Parlament, después de un trámite que duró cuatro años, para investigar la pederastia clerical, se haya visto también truncada por las elecciones y que ni siquiera haya dado tiempo a que la comisión emita sus conclusiones finales.
Entre la batería de iniciativas, los “activistas de base catalanes”, como se autodefinen, consideran que el Gobierno que salga de las urnas debería también elaborar un baremo propio que sirva para indemnizar a las víctimas de abuso sexual infantil. Ahora, como en muchas otras cuestiones, se utiliza como referencia el que se creó para indemnizar a las víctimas de accidentes de tráfico. Asimismo, proponen la creación de una red de centros para supervivientes adultos, donde recibir terapia y apoyo por toda Cataluña.
En un abordaje más simbólico, también destacan la necesidad de organizar un acto institucional de reconocimiento, en el Parlament, y que se levante un monumento a las víctimas de la pederastia “inspirado en las víctimas del nazismo de Berlín”. También solicitan que las organizaciones políticas dediquen tiempo durante la campaña para hablar sobre los casos de pederastia en la iglesia y que suscriban la Declaración de Barcelona, con el compromiso de cumplir las medidas que recoge. Una de ellas es también la creación de una subcomisión permanente en el Parlament contra la violencia infantil, en todas sus formas: como los abusos intrafamiliares, el cometido entre menores o el que se lleva a cabo mediante las redes sociales.
