Sumar ha decidido mover ficha para superar una asignatura pendiente: la reforma de la ley de seguridad ciudadana ―la conocida como ley mordaza― que el PP aprobó con su mayoría absoluta parlamentaria en 2015. Para ello, su grupo parlamentario ha presentado este viernes en el Congreso una proposición de ley con la que aspira a retomar la negociación entre los partidos del bloque de investidura que la pasada legislatura ya estuvo a punto de culminarse, pero que, tras acordar cambios en 36 de los 54 artículos, finalmente descarriló por diferencias en cuatro ellos, entre ellos el que fijaba el uso policial de las polémicas pelotas de goma o la devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares.
Para evitar un nuevo fracaso como el de marzo de 2023, el texto de la proposición, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge precisamente lo ya acordado entonces y evita referencias a los cuatro artículos en los que discrepaban. El objetivo es que los grupos planteen sobre esta “hoja en blanco”, como la describen fuentes de la formación, sus propuestas en forma de enmiendas sobre las que poder trabajar y alcanzar un acuerdo que el portavoz adjunto de la formación en la Cámara baja, Enrique Santiago, consideró urgente lo que calificó de “derogación de facto” de la norma por la necesidad de hacer frente a lo que calificó de “campaña de ataques a la democracia” por parte de PP y Vox.
Mutar la ley de seguridad ciudadana, que está a punto de cumplir cinco años, es una antigua aspiración de los partidos de izquierdas, que llegaron a recurrirla ante el Tribunal Constitucional ―que finalmente la avaló―, y a la que se sumaron desde el principio otras formaciones como el PNV y organizaciones como Amnistía Internacional. Incluso el Defensor del Pueblo ha instado al gobierno y a los partidos en varios de sus informes anuales a cambiar “los aspectos más polémicos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad”.
Este viernes, Santiago ha recalcado que en las negociaciones de la pasada legislatura ―en las que participaron PSOE, PNV, Unidad Podemos, ERC, EH Bildu y Junts― se llegó a pactar el 95% de la reforma y que, precisamente, este texto es el punto de partida de su propuesta. Entre esos cambios, ha destacado el acuerdo para ajustar las multas a la capacidad económica del sancionado o su sustitución por las llamadas “actividades reparadoras”; rebajar la falta por tenencia de cannabis de grave a leve (con la consiguiente reducción de la sanción); o permitir la celebración de protestas sin comunicación previa a las delegaciones del Gobierno “ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata”. El portavoz de Sumar ―que ha lamentado que hayan transcurrido nueve meses de legislatura sin que ningún grupo político haya tomado hasta ahora la iniciativa para “reformar en profundidad” la ley mordaza― aspira a que a la propuesta se sumen ahora nuevas formaciones de un Congreso que cambió su composición tras las últimas elecciones.
Fuentes de la formación defienden que el hecho de que la proposición de ley no plantee propuestas concretas para los cuatro artículos que arruinaron la anterior negociación facilitará llegar a texto final. No obstante, el punto en que quedaron entonces no augura que el acuerdo sea rápido ni sencillo, según reconocen fuentes de las otras formaciones que participaron entonces. De los cuatro, donde las discrepancias son más profundas es, posiblemente, el de referido al artículo 23.4, en el que se aspiraba a abordar el uso policial de las pelotas de goma. PSOE, Unidas Podemos y PNV pretendían hacer una referencia expresa a la necesidad de elaborar “protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales” sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”, en cuya redacción proponía que participasen organizaciones de “la sociedad civil”. ERC, EH Bildu y Junts insistieron hasta el último momento en prohibir “expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma”.
Las discrepancias en el artículo 36.6, el que castiga “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” y que fue masivamente utilizado durante la pandemia para sancionar a los que se saltaban el confinamiento, eran mucho menores. De hecho los partidos acordaron que la desobediencia debía ser “manifiesta y clara”. En este caso, la discrepancia surgía en si esta infracción se mantenía como falta grave (y, por tanto, sancionable con multas entre 501 y 25.000 euros, según la cuantía que pretendía introducir la reforma) o leve (la multa sería entonces entre 100 y 500 euros). El PSOE, Unidas Podemos y PNV solo admitían rebajar la gravedad de las sanciones en un caso, cuando el infractor hubiese sido sancionado por facilitar “datos falsos o inexactos en el proceso de identificación”. ERC, EH Bildu y Junts exigían que las desobediencias fuesen en todos los casos leves.
La modificación del artículo 37.4, el que castiga las faltas de respeto a las policías, buscaba, en palabras de los entonces negociadores, “objetivar” qué situaciones podían ser consideradas como tales y, por tanto, sancionables. PSOE, Unidas Podemos y PNV planteaba que se multase “los actos humillantes o expresiones despectivas u ofensivas dirigidas a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado”. Para ERC, EH Bildu y Junts la definición era poco concreta y, en su opinión, permitía la arbitrariedad de los agentes al sancionar. Por ello, planteaban que solo fuesen castigables “los insultos o injurias”. Además, querían incluir un apartado para que la multa no se ejecutaría “cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”.
Finalmente, sobre las devoluciones en caliente, los seis partidos partían de una coincidencia: esta figura, incluida por el PP en la ley mordaza en una disposición transitoria, debería estar en otra norma, la ley de extranjería. Ahí se acababan prácticamente las coincidencias entre los dos bloques. PSOE, Unidas Podemos y PNV plantearon incorporar un añadido a la ley de extranjería para que el Gobierno elabore en el plazo de un año la normativa que desarrollará la exigencia ya existente en la misma de que en estos rechazos en frontera se respeten los derechos humanos y los convenios firmados por España para la protección internacional. Los otros tres partidos, sin embargo, rechazaban aplazar la decisión y planteaban que se recogieran ya compromisos concretos, como que “en ningún caso” se rechazase a los ciudadanos extranjeros “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos” o que hubiera una “expulsión colectiva”.
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