Puig pone los ojos en reordenar su deuda junto a su salida a Bolsa. La compañía afirma en su folleto de salida a Bolsa que espera dedicar los 1.250 millones que aspira levantar con su ampliación de capital a recortar el pasivo de la compañía, tras arrojar a cierre del ejercicio de 2023 una deuda neta de 1.509 millones. La empresa reconoce que se plantea abordar unas nuevas condiciones de su pasivo tras su estreno en el parqué.

La compañía catalana se lanza a la Bolsa y aspira a una valoración de entre 12.700 y 13.900 millones de euros. Estructura la transacción en dos tramos, una colocación de acciones de la familia Puig, sus actuales dueños únicos, para embolsarse 1.360 millones; y una ampliación de capital de 1.250 millones. En total espera recabar de los inversores unos 2.600 millones de euros.

El principal objetivo del proceso es mejorar el perfil financiero de la compañía. La empresa espera dedicar en torno a un tercio de la ampliación, 435 millones, a cancelar una serie de préstamos rubricados a principios de año para abordar la adquisición de las participaciones minoritarias de algunas de sus últimas operaciones corporativas, como las tomas de Charlotte Tilbury o Byredo. También les dará nuevas acciones B, que en cualquier caso no superarán el 3% del capital. Además, dedicará otros 207 millones a pagar a los accionistas minoritarios de Charlotte Tilbury y otros 186 millones a repagar otro préstamo firmado este año, cuyo objetivo era pagar un dividendo extraordinario previo a la salida a Bolsa.

A mayores, afirma que dedicará el resto de los fondos obtenidos a repagar una parte de la deuda no corriente de la compañía, por hasta 279 millones. Según reconoce la compañía en el folleto, “está sujeto a una potencial refinanciación de la deuda acordada por la compañía en 2024″. También espera utilizar otra parte del dinero recabado para financiar el futuro crecimiento de la empresa, con la visión puesta en futuras adquisiciones tras haber invertido 2.500 millones en compras desde 2012, con el foco en Asia y productos para la piel.

Compromisos con los bancos

Puig cerró el ejercicio de 2023 con una deuda neta de 1.509 millones, 1,75 veces el ebitda de ese ejercicio, de 862 millones, y con 852 millones en caja. La liquidez se ha reducido a los 710 millones a cierre del mes de enero. La deuda, considerando el dinero dedicado de la salida a Bolsa a recortar el pasivo, se quedará en los 1.142 millones. Sostiene, además, que tiene unos 300 millones de deuda a tipo variable sin cubrir por derivados.

La empresa tiene todo su pasivo en créditos bancarios, muchos de ellos de tipo bilateral, con vencimientos entre 2025 y 2027. Cotizar en Bolsa le abre la puerta, además, a diversificar sus fuentes de financiación y explorar la emisión de bonos. El objetivo de una refinanciación será prolongar ese esquema de vencimientos, rebajar su precio y eliminar los corsés impuestos por los bancos.

Estos préstamos obligan a la compañía a cumplir con unos determinados compromisos con la banca, los llamados covenants. Entre ellos destaca la necesidad de mantener el ratio de endeudamiento bajo determinados parámetros, de entre 3,5 y 4 veces. Pero también incluyen otros compromisos que pueden afectar al desarrollo de la salida a Bolsa. Además de tener algunas cláusulas de cambio de control, la familia se ha comprometido con la banca a que retendrá al menos el 30% del capital del grupo y que además, sea cual sea el reparto accionarial de la compañía, la familia Puig mantendrá la capacidad de nombrar al menos la mitad de los consejeros de la compañía. También cuenta con limitaciones para vender ciertos activos o obligaciones para que si los vende tenga que repagar parte del pasivo.

Acciones A y acciones B

Una de las características principales de la salida a Bolsa es la diferencia entre acciones A y B. Las primeras, que estarán solo en manos de la familia Puig, tienen cinco derechos a voto por uno de las B, y con los mismos derchos económicos. El folleto explica que toda acción A puede perder esos derechos políticos, lo que implicaría una reducción de capital, y también deben contar con la autorización del consejo de administración.

Esta diferencia en los derechos de voto permite a los Puig nombra al consejo de administración. Cuentan con un consejero ejecutivo, Marc Puig, y otro dominical, Manuel Puig, además de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, como consejero dominical. El órgano tendrá siete consejeros independientes: Jordi Constans, Ángeles García-Poveda, Christine A. Mei, Nicolas Mirzayantz, Tina Müller y María Dolores Dancausa. Completan el órgano tres consejeros más calificados como otros externos: Yiannis Petrides, Rafael Cerezo y Patrick Chalhoub.

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