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La página web del restaurante La Sirga, en el paseo marítimo de Torredembarra (Tarragona), presumía de tener una amplia carta de platos italianos y españoles, de que uno de sus cocineros había trabajado en un restaurante en Italia galardonado con una estrella Michelin y de que su trabajo en los fogones era “innovador y creativo a la vez que fiel a la tradición”. Ofertaba mariscadas, pizzas, platos de pastas, paellas y un menú de fin de semana por 28 euros. Sin embargo, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la que han participado 180 agentes ha revelado que los manteles blancos, las copas altas de vino y las vistas al mar que se mostraban en las fotografías ocultaban una realidad mucho menos glamurosa: una supuesta trama de trata de seres humanos que permitía a este local contar con camareros en régimen de casi esclavitud a los que se obligaba a trabajar hasta 15 horas diarias de lunes y domingo y a veces solo les pagaban 20 euros a final de mes. Hay otros dos restaurantes y una heladería de la misma localidad y La Riera de Gaià implicados.
Todos ellos han sido clausurados por orden judicial después de que el pasado 8 de abril fueran detenidos 12 de los presuntos integrantes de la trama tras ser identificadas 46 de sus víctimas, la mayoría estudiantes de hostelería en Colombia que llegaban a España engañados, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior. Los arrestados ―tres de los cuales han ingresado en prisión provisional por orden de la titular del Juzgado de Instrucción 9 de El Vendrell― están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.
La bautizada como Operación Napoleón-Aguazul se inició el pasado mes de octubre, después de que varios ciudadanos colombianos denunciaran en la comisarías de Alicante y El Ejido (Almería) que habían sido traídos a España con una falsa promesa de trabajo en restaurantes de la costa tarraconense, donde habían sufrido explotación laboral. A estos testimonios se unieron otros recogidos en dependencias de la Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia de Tarragona que señalaban de modo coincidente a los mismos restaurantes, que tenían en común ser propiedad de un matrimonio formado por una española y un italiano. “Desde el primer momento nos sorprendió el elevado número de denuncias. Normalmente llegan únicamente dos o tres y en este caso teníamos más de una decena”, destacan fuentes cercanas a la investigación.
Las pesquisas permitieron constatar que la trama controlaba el proceso de la trata desde la primera fase, la de captación. Esta se realizaba en Colombia, donde personas vinculadas a la misma acudían a centros de enseñanza de hostelería para engatusar a los alumnos con un trabajo retribuido en España. En concreto, se les ofrecía un contrato de cuatro horas diarias y dos días de descanso semanal, vacaciones y un sueldo de 500 euros mensuales. El proceso incluía de selección una entrevista de trabajo que se les hacía por videollamada con los propios responsables de los restaurantes. Cuando aceptaban, la organización se ofrecía a gestionarles toda la documentación necesaria para viajar a España, desde los billetes de avión a los visados ―que en muchos casos eran de turismo y no de trabajo―, pasando por seguros médicos, abogados y trámites con el consulado. La red asumía el coste de todo ello para que, de este modo, las victimas contrajeran con ella una deuda.
Una vez en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo acordado. Las jornadas eran muchas veces de 12 horas diarias, aunque en ocasiones se alcanzaban las 15. Los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y nunca pudieron disfrutar de vacaciones. La trama descontaba del sueldo la deuda contraída, por lo que algunos meses solo cobraban 20 euros. Además, a los que habían llegado con visado turístico, les obligaban a inscribirse en cursos de formación para regularizar su situación en dos academias de la localidad tarraconense ―cuyos dueños están entre los arrestados― y se les obligaba a pagar por ellos importantes cantidades de dinero aunque en realidad nunca se impartían.
El alojamiento, por el que también les descontaban dinero, se realizaba en cuatro pisos de Torredembarra, donde dormían hacinados en literas y eran controlados permanentemente con un sistema de videovigilancia que los cabecillas controlaban desde sus propios teléfonos móviles. Si caían enfermos, se les impedía cogerse bajas médicas y la trama les facilitaba medicamentos para que continuaran trabajando.
Finalmente, el pasado 8 de abril agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Tarragona procedían a la detención de 11 personas en España, mientras uno era arrestado en Italia. También practicaron registros en las viviendas donde alojaban a las víctimas ―que en ese momento estaban ocupadas por 18 personas―, en dos domicilios de los presuntos cabecillas y en los cuatro locales de hostelería, que finalmente han sido clausurados por orden de la jueza.
En ellos se intervinieron dos armas detonadoras, 22.295 euros en efectivo, dos teléfono móviles, dos ordenadores portátiles, un vehículo, un disco duro grabador, cámaras de vigilancia y abundante documentación. Entre los arrestados, además del matrimonio propietario de los restaurantes, están dos hijas de la mujer, un captador, el contable de los locales y varios encargados de los restaurantes. Fuentes cercanas a la investigación destacan que, si bien hasta el momento hay 46 victimas identificadas, no descartan que en las próximas semanas aparezcan más. “Creemos que la trama llevaba siete años operando”, señalan estas fuentes, que añaden que durante los registros se acercaron a los agentes algunas personas para denunciar que ellos también habían sido explotados laboralmente en los locales.
En la página web de una plataforma donde los usuarios comentan su impresión sobre restaurantes y locales de ocio, un cliente de La Sirga tildaba a este local solo unos días antes de la operación policial de “chiringuito de playa con pretensiones”, “carísimo”, con raciones “mínimas” y mariscadas “de risa”, y del que únicamente destacaba “el trato del personal”, en referencia, precisamente, a los camareros que, presuntamente eran explotados en régimen de esclavitud sirviendo pizzas y paellas.
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