Los ocho detenidos acusados del asesinato de dos guardias civiles tras arrollarles con una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) han pasado esta mañana a disposición judicial ante el Juzgado mixto número 1 de Barbate. A seis de ellos se les considera tripulantes de la semirrígida que provocó el choque mortal y se les imputa dos delitos de homicidio y lesiones graves. Los otros dos detenidos están investigados por encubrimiento y resistencia grave, después de que les detuviesen en la madrugada del sábado mientras iban a recoger a tres de los viajeros de la lancha. Al ser preguntado por si piensa dimitir por estos sucesos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respondido a los medios tras un acto en Madrid: “No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos que no pueden quedar impunes”. Y ha añadido: “El narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el Campo de Gibraltar y en toda la costa española”.
Los detenidos han llegado en torno a las 10 de la mañana al juzgado de Barbate y han accedido por la puerta de atrás del edificio. Allí les estaban esperando varios vecinos que les han increpado al grito de “asesinos”, “criminales”, y “ojalá os pudráis en la cárcel”, según han recogido medios presentes en la zona. La indignación de los vecinos de Barbate es mayoritaria, después de que el suceso haya reabierto viejas heridas en una localidad que en el cambio de milenio estuvo tan infiltrada por las mafias de la droga que precisó un plan especial para la localidad.
De entre todos los detenidos, la Guardia Civil atribuye las labores de pilotaje a Francisco Javier M.P., Kiko El Cabra, de 46 años, de La Línea de La Concepción y con antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales. “Es un sonao, un quinta categoría y no es ni siquiera buen piloto”, asegura un agente de la localidad que le conoce desde hace años, cuando comenzó en los mundos del contrabando del tabaco. El mismo agente asegura que el piloto era amigo de un traficante de la ciudad que falleció la semana pasada en un accidente con una lancha del Servicio Marítimo de Cádiz en el río Guadalquivir.
Los vídeos grabados la tarde del viernes desde los espigones del puerto de Barbate —donde se apostaban decenas de mirones que no dudaron en proferir gritos contra los agentes— muestran como, de las seis narcolanchas que estaban resguardadas del temporal, la de El Cabra fue la única que se quedó en la bocana. Comenzó a hacer peligrosas maniobras en torno a la pequeña zódiac de los GEAS —submarinistas— de la Guardia Civil con sede en Algeciras, pero dependiente de la Comandancia de Cádiz. En medio de esa refriega, la narcolancha traza una línea recta hasta impactar con la lancha de los agentes —14 metros de eslora y cuatro motores, frente a los seis metros y un motor de la de la Guardia Civil— que resultó mortal para Miguel Ángel González y David Pérez, agentes del GEAS y del GAR, respectivamente. Dos agentes más resultaron heridos y otros dos salieron ilesos.
Fuentes cercanas al mundo del narco apuntan a que el número de ocupantes de la narcolancha era “excesivo”, ya que estas gomas solo tienen capacidad para cuatro personas y aseguran que el motivo sería que tres de los ocupantes pertenecían a otra lancha averiada. Eso explicaría, según estas mismas fuentes, que hubiese tres de los ocupantes que quisiesen bajarse de la embarcación en la madrugada cuando descubrieron que el choque fue mortal. “Tras lo ocurrido no sabían que habían matado a dos guardias”, apuntan. Para ese momento, en torno a las 2 de la madrugada del sábado, la Guardia Civil los detuvo, junto a los otros dos que fueron a recogerlos en un vehículo.
La indignación se ha apoderado de diversos agentes del instituto armado, visiblemente molestos porque se enviase esa pequeña lancha para intentar identificar a seis grandes narcolanchas. La decisión se tomó después de que el alcalde de Barbate, Miguel Molina, llamase alarmado a la Comandancia de Cádiz —la localidad es de su demarcación—, después de que le llegasen unos vídeos en los que se veía a las narcolanchas guarecidas en el puerto. Sin embargo, agentes de Cádiz ya confirmaron a EL PAÍS que la Comandancia no tenía embarcaciones en ese momento, ya que “desde el martes no estaban operativas”. La Guardia Civil ha defendido que la decisión de enviar la lancha de los GEAS no es la primera vez que se toma y que respondía a las condiciones de mala mar del día.
Esas justificaciones no han calmado los ánimos dentro del instituto armado. Tampoco ha ayudado que los agentes comprobaran que este pasado domingo la Guardia Civil volviese a enviar unas embarcaciones similares a la siniestrada a patrullar la zona de los caños de Sancti Petri (entre San Fernando y Chiclana) y otro refugio natural del narco en los días de temporal, junto al Guadalquivir y el puerto de Barbate. Estas zodiacs forman parte del Grupo Marítimo del Estrecho, una unidad con base en Cádiz que posee dos patrulleras más grandes y realiza servicios de 15 días de navegación.
“Han navegado desde Cádiz por los caños hasta Sancti Petri, alertados por la alarma social de ver cinco lanchas refugiadas. Es otra vez lo mismo, con esas embarcaciones no se puede hacer frente a esas narcolanchas”, apunta la misma fuente interna. Refiere cómo los guardias ocupantes de estas embarcaciones no han podido negarse a una orden directa, cuyo incumplimiento puede traerle consecuencias, según el Código Penal Militar. “Es muy difícil esta situación y estamos entre la espada y la pared. Te pueden meter en un penal o en una caja de madera”, denuncia este agente.
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