El Gobierno georgiano recurre a la violencia para dispersar las protestas, pero las manifestaciones contra la polémica ley que puede alejar al país de la Unión Europea crecen cada día que pasa. Dos días después de que 63 manifestantes fueran detenidos, miles de personas volvieron a tomar las calles de Tbilisi este jueves por la noche para mostrar su descontento contra la tramitación de una norma inspirada en la ley de agentes extranjeros del Kremlin, una herramienta que ha sido clave para que Vladímir Putin acabase con la oposición en Rusia.
El partido gobernante, Sueño Georgiano, respondió a su población con cañones de agua, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. La formación busca blindarse con esta medida, pese a que Bruselas exige para la adhesión al bloque la democratización de las instituciones georgianas. La oposición sospecha que el fin último de la ley es tumbar las opciones de una futura incorporación del país a la Unión Europea. De hecho, la crisis política ha suscitado comparaciones con la de Ucrania del Maidán en 2014: el Gobierno georgiano, que tiene vínculos con los servicios secretos rusos, ha señalado a su vez a Estados Unidos, al que acusa de promover las protestas ciudadanas en su contra.
“He expresado al consejero de Estado de EE UU [Derek Chollet] mi descontento por los dos intentos de revolución de 2020 a 2023 que apoyó el exembajador estadounidense y fueron llevados a cabo por ONG financiadas desde el exterior”, ha declarado el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, a través de la red social X. “Si estos intentos hubieran tenido éxito, se habría abierto un segundo frente en Georgia [además del de Ucrania]”, ha agregado el jefe del Ejecutivo, en el cargo desde la dimisión en febrero de su predecesor, Irakli Garibashvili.
Detrás de este baile de primeros ministros se encuentra el verdadero líder en la sombra de Sueño Georgiano y, por ende, del Gobierno: el magnate Bidzina Ivanishvili. El fundador del partido reapareció el 29 de abril para defender la ley de agentes extranjeros en una manifestación progubernamental. El oligarca afirmó que Ucrania y Georgia “son carne de cañón” para Occidente y acusó a las ONG de “llevar al poder las agencias de inteligencia extranjeras”. Sin embargo, los vínculos de su Gobierno con Moscú están presentes para los georgianos. Por ejemplo, su antiguo jefe de la Fiscalía Otar Partskhaladze —acusado de secuestrar y torturar a dos políticos opositores— ha sido sancionado por Washington por trabajar para el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). Además, Transparencia Internacional reveló que obtuvo la nacionalidad rusa en 2021.
El Gobierno espera aprobar la reforma a mediados o finales de este mes. Es la segunda vez que el Ejecutivo georgiano intenta sacar adelante su polémica ley. Las protestas ciudadanas tumbaron su tramitación en marzo de 2023, y el Ejecutivo ha vuelto a intentarlo un año después con el apoyo de la Iglesia ortodoxa rusa, que advierte del supuesto peligro de la influencia extranjera “en la protección de los valores tradiciones”, y de la propia Rusia.
“Observamos una reacción dura de la oposición a estos planes, probablemente solo sea necesario explicarles que es absurdo considerarlo un proyecto ruso”, ha declarado el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, sobre la crisis política en el país caucásico.
La ley de agentes extranjeros está inspirada en una rusa, y no en una estadounidense cuyo único parecido es el nombre. La norteamericana solo exige publicar los ingresos que reciben desde el exterior las organizaciones y personas que trabajan políticamente para terceros países, mientras que la ley rusa permite acusar a cualquier ciudadano de estar “bajo influencia extranjera” para declararle agente extranjero por no acatar la línea oficial. Entre otras consecuencias, implica un veto total para participar en cualquier actividad pública o conseguir muchos empleos, y ha llegado a suponer el cierre de organizaciones para la recuperación de la memoria histórica, como Memorial o el Centro Sájarov. En definitiva, se trata de una lista negra. La Duma Estatal rusa ha aprobado este viernes una enmienda que prohíbe a los ciudadanos clasificados como agentes extranjeros que participen en las elecciones como observadores electorales o en los equipos de los candidatos.
El proyecto de ley georgiano prevé declarar agentes extranjeros a todas las organizaciones que ingresen más de un 20% de sus fondos desde el exterior. Las ONG que trabajan en el país, muchas de ellas internacionales, se verían obligadas a declarar en todo momento que “operan para los intereses extranjeros” o serían multadas. En el caso de Rusia, varios medios independientes y algunas ONG como la ecologista WWF fueron forzados a abandonar el país.
“Las ONG y los medios suspenderemos nuestra cooperación con el Gobierno hasta que renuncie a la ley rusa”, anunciaron a finales de abril varias organizaciones independientes georgianas a través de su plataforma común, Centro de Derechos Humanos. “Adoptar la ley rusa es un paso anticonstitucional que afecta a todos los ciudadanos, destruye la democracia georgiana y nos deja frente a Rusia”, advirtió la organización en un comunicado donde subrayó su rechazo frontal a la dependencia del Kremlin: ”La dirección rusa del Gobierno aspira a devolvernos al pasado, mientras que nuestro futuro está en Europa (…). Nunca viviremos según las reglas de Putin”.
Una democracia sin voz para la oposición
La comunidad internacional reconoce la legitimidad del partido gobernante, que ostenta 85 escaños en el Parlamento frente a los 55 de la oposición. Por ejemplo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) calificó como “competentes y eficientes” las elecciones parlamentarias de 2020 “pese a las acusaciones generalizadas de presiones sobre los votantes” y “la difuminación de la línea entre el Estado y el partido gobernante”. Por su parte, la Comisión Europea recomendó en 2022 la entrada de Georgia, Ucrania y Moldavia en el bloque comunitario, aunque pidió a Tbilisi que acate una hoja de ruta “para garantizar la democracia y el imperio de la ley” en el país.
El problema de Georgia (3,7 millones de habitantes) es que se trata de un sistema en el que la formación ganadora concentra todo el poder y el resto son en gran parte silenciadas. La solución que propugna Bruselas es que Tbilisi haga la transición a un sistema de representación proporcional, garantice la independencia judicial y dé entrada a las minorías en las instituciones.
La polarización de la sociedad georgiana es acusada. La presidenta del país, Salomé Zurabishvili, elegida por votación directa en 2018, se opone frontalmente a la ley de agentes extranjeros porque considera que es una copia exacta de la versión rusa y su único fin es “suprimir las voces críticas”. En el caso de ser aprobada en el Parlamento, Zurabishvili deberá ratificar la norma con su firma.
Once años después de que el expresidente ucranio Viktor Yanukóvich tumbase a última hora el acuerdo de asociación entre Kiev y la Unión Europea por las presiones de Moscú, lo que desató las protestas del Maidán, la oposición georgiana denuncia que las medidas de su Ejecutivo también son un intento de revertir el camino emprendido por Georgia para formar parte del bloque comunitario.
“Esta ley es la lucha final contra el interés declarado de Georgia de convertirse en miembro de la Unión Europea y que sus ciudadanos sean ciudadanos de un Estado democrático”, ha asegurado la diputada del Partido Reformista Teona Akubardia. Otro opositor, Giorgi Vashadze, del partido Aghmashenebeli, ha sido también rotundo: “Sueño Georgiano no quiere la entrada en la UE. Eso es todo. Se acabó. Fin. No hay otra explicación”.
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