Las órdenes las dio Tomás Villanueva. Las decisiones finales partían del despacho de Tomás Villanueva. Tomás Villanueva controlaba y supervisaba. Los demás no sabían nada, ignoraban en 2005 que la compra de una parcela y un edificio para la consejería de Economía de Castilla y León había 20 millones de sobrecostes y favorecía a empresas afines. Porque todo lo urdía el consejero de Economía; todo, según los principales acusados del caso Perla Negra de corrupción urbanística de la Junta por esa adquisición controvertida. Este miércoles 8 de mayo, tras tres meses, han concluido las citaciones en la Audiencia Provincial de Valladolid, que se han sucedido con una tónica común: señalar a quien fue exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta, que falleció en 2017.
El origen del caso juzgado está en un conjunto de edificios en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que costó 60,5 millones de euros, 10,5 más de los tasados. Además, la consejería abonó otros 10 millones correspondientes a la promotora, Urban Proyecta. También forma parte del caso la compra de unos terrenos para la construcción de un polígono industrial inoperativo en Portillo (Valladolid), con un posible desvío de 3,4 millones.
Villanueva, a quien se le han echado las culpas, fue el jefe de los principales implicados políticos, para quienes la Fiscalía pide un total de 79 años de cárcel y multas millonarias. Se han sentado en el barquillo seis empresarios y cinco expolíticos. El ministerio público cuestiona cómo cumplieron tan rigurosamente y sin objeción las supuestas órdenes del exconsejero.
Las sesiones comenzaron el 4 de marzo, tras 11 años de instrucción. El primero en hablar fue el denunciante, Jesús Carlón, que alertó de “barbaridades y despropósitos” vividas cuando era gerente de Gesturcal, la empresa pública implicada. Los “nombramientos a dedo” y favores entre cargos abundaban cuando se decidió adquirir el edificio para la consejería de Economía, apodado “Perla Negra” por una película de piratas.
Otro nombre clave en las sesiones ha sido el de Pablo Trillo-Figueroa, consejero de Gesturcal cuando llegaron las elevadas tasaciones. Trillo se reafirmó en que advirtió a Juan Vicente Herrera, entonces presidente autonómico, del dislate de los sobrecostes. “Herrera me dijo que estudiaría el tema, que lo mantuviese informado”, afirmó el ahora procurador del PP en las Cortes, quien explicó que quienes conocían los detalles eran “el consejero y los altos cargos”.
Tras la muerte de Villanueva, en 2017 por causas naturales y al día siguiente de que Hacienda le investigara 83 cuentas bancarias, los grandes señalados fueron los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, ambos un peldaño por debajo de Villanueva. A ellos y a Juan Carlos Sacristán, inmerso en Gesturcal, se les reclaman ahora 11 años de prisión. Los abogados de estos ex altos cargos han mantenido una misma estrategia: intentar acreditar que sus clientes apenas conocían los tejemanejes de la consejería y que las decisiones se correspondían exclusivamente con el fallecido.
El 24 de abril hablaron los exviceconsejeros Delgado y Hernández y del también implicado Sacristán. Las pesquisas revelaron que sus relaciones con los empresarios citados trascendían de lo profesional a lo personal, pues Delgado llegó a comprarle al empresario Alberto Esgueva, exonerado durante el juicio, dos viviendas en Santander y a su esposa le adquirió una casa en una urbanización cerca de Valladolid.
El currículum de Villanueva evidencia su ascendencia en la Junta, 18 años consejero en el organigrama y dos como vicepresidente de Herrera, quien se refirió a él como “amigo personal” durante su visita a la Audiencia en calidad de testigo, de donde salió silbando, y que defendió la compra del espacio: “Tenía sentido”. “Yo tomo conocimiento del interés y las gestiones en torno al edificio de Arroyo y la intervención de Gesturcal por un comentario casi confidencial de Pablo Trillo, que me transmite su inquietud personal”, manifestó, pues Trillo le expresó su “inquietud y dudas”: “Los precios barajados eran, a su juicio, muy altos, costosísimos o elevadísimos”. Herrera sostuvo no haber hablado con nadie del caso y haber confiado en el criterio de Villanueva y del equipo de Gesturcal, posteriormente investigado por el juez.
Delgado se proclamó “totalmente inocente” de los delitos atribuidos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. “Todas las órdenes las dio el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva”, insistió y añadió a la entonces titular de Hacienda, Pilar del Olmo: “Las decisiones las tomaban ambos consejeros, al resto no nos quedaba otra cosa que decir”. Del Olmo, citada unas semanas antes, reiteró desconocer la operación.
Begoña Hernández, sucesora de Delgado, intentó desligarse alegando que solo conoció la adquisición cuando estaba todo firmado y que receló de los precios. La sucesora de Delgado en la viceconsejería zanjó su comparecencia apuntando a las “órdenes” de Villanueva.
Indicios de un gasto elevado, justificaciones de la pertinencia de la operación, encogimiento de hombros para despachar culpabilidades y la sombra del exconsejero como muñidor han marcado la tónica del juicio, que este miércoles ha concluido con el informe de la fiscal, quien recela, como las otras acusaciones, de que todo el asunto descanse en el fallecido: “Se nos ha tratado de hacer ver que cumplían órdenes del entonces consejero, pero si no estaban de acuerdo lo tenían fácil, pudieron dimitir y no ejecutar los hechos objeto de este juicio”.
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