Una inflación disparada y la negativa de la mayor parte de los gobiernos a ajustar sus impuestos sobre la renta a la escalada de los precios. Esta combinación de factores provocó que, en el año 2023, los trabajadores de la mayoría de los estados miembros de la OCDE tuviesen unos ingresos reales tras el pago del tributo menores que los registrados en 2022. En total, el fenómeno tuvo lugar en 21 de los 38 países analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su último informe sobre fiscalidad salarial (Taxing wages), publicado este jueves. En este grupo se situaron España y otros socios europeos como Francia, Italia, Portugal o Grecia. Por el contrario, en países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos los ingresos posteriores al abono del IRPF aumentaron entre un ejercicio y otro.
En su análisis, la OCDE toma como referencia a un trabajador medio, soltero y sin hijos. A partir de aquí, concluye que la pérdida de ingresos tras el pago del impuesto sobre la renta se debe a varios factores. Es decir, puede darse porque los salarios caen y la tasa impositiva no lo hace en la misma proporción; porque el gravamen aumenta o permanece sin cambios, mientras que el salario real antes de impuestos disminuye; o porque el tipo medio crece más que el salario real antes de impuestos.
En el caso de España, concluye el informe, ha sucedido la tercera de las opciones. De entrada, los salarios reales previos a las obligaciones tributarias han mejorado en 2023, ya que las remuneraciones totales avanzaron de media un 5,1%, mientras que la inflación se situó en el 3,5%. Es decir, los niveles salariales antes de impuestos aumentaron un 1,5%. ¿Qué sucede entonces? Que la tasa impositiva media a la que los trabajadores tienen que hacer frente creció un 2,4%, un volumen superior al de la mejora de los ingresos. Es algo que también sucede en otros países.
Para explicar las causas que se esconden tras estos números, la OCDE señala a la “ausencia de una indexación automática de los sistemas tributarios en muchos países”. Cuando este ajuste —conocido también como deflactación— no se produce, “la alta inflación tiende a aumentar las obligaciones tributarias de los trabajadores al empujarlos a tramos impositivos más altos y erosiona el valor de las desgravaciones tributarias y los beneficios en efectivo que reciben”.
La tónica española es la más común entre los territorios analizados. Es decir, detalla la OCDE, “mientras que el salario promedio aumentó en 37 países entre 2022 y 2023 en términos nominales, disminuyó solo en 18 de los 38 países en términos reales” debido a la inflación. Mientras tanto, los ingresos de un trabajador soltero que gana el salario medio se redujeron en 21 países en términos reales tras hacer frente a las obligaciones tributarias. Es el segundo año consecutivo en el que este fenómeno se da en la mayor parte de los territorios analizados, ya que lo mismo ocurrió en 2022 en 33 regiones.
Impuestos y cotizaciones
La falta de una indexación de los tributos sobre la renta a la escalada de los precios, sumada a la elevada inflación que todavía persistió en 2023, hizo que las tasas efectivas de impuestos sobre los ingresos laborales aumentaran en el conjunto de la OCDE hasta el 34,8%. “Debido a que los sistemas fiscales en muchos países no se ajustaron completamente a la inflación, la cuña fiscal promedio aumentó en la mayor parte de ellos, impulsada en la mayoría de los casos por impuestos sobre la renta más altos”, apunta la organización. España, de nuevo, se situó en ese grupo.
En concreto, un trabajador español dedicó durante el pasado ejercicio el 40,2% de su salario total al pago de impuestos, seis décimas más que en 2022. De esta cantidad, un 12% fue a parar al IRPF y otro 4,9% se destinó al pago de las cotizaciones. La parte restante, un 23,3%, correspondió a las cotizaciones sociales que van a cargo del empleador, y que crecieron en tres décimas —uno de los mayores aumentos que se registran en todos los territorios—debido principalmente a la reforma de las pensiones y al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Es decir, del aumento total de 0,6 puntos en la carga fiscal sobre los salarios en España —el cuarto país que más crece tras Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda—, la mitad correspondió al aumento de las contribuciones sociales por parte del empleador.
España, en función de los conceptos analizados, se acerca o se aleja de la media del think tank de los países ricos. En el IRPF se asimila al nivel de la OCDE, donde un 13% del salario medio se destina a este impuesto. Aunque algo más lejos, también hay cierta sintonía en lo que se refiere a las cotizaciones a cargo del trabajador, ya que en los 38 países analizados estas suponen en torno a un 8% del sueldo. No sucede lo mismo con las contribuciones sociales a cargo de la empresa, que en la OCDE rondan únicamente el 13%, casi 10 puntos porcentuales menos. Es decir, España fue el sexto país con mayor peso de la contribución de las compañías, solo por detrás del 26,6% de Francia, el 25,3% de Estonia y República Checa, el 24% de Italia y el 23,9% de Suecia.
En términos generales, con su 40,2%, España fue el decimocuarto país con “una cuña fiscal total más elevada”. Sin embargo, como sucede con la presión fiscal, todavía sigue lejos de socios como Bélgica (52,7%), Alemania (47,9%), Austria (47,2%), Francia (46,8%) e Italia (45,1%).
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