Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han registrado desde las 08.25 de este jueves la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de recabar correos, documentos y archivos digitales relacionados con el caso mascarillas, según ha informado Europa Press y han confirmado a EL PAÍS fuentes de la operación. En este caso se investiga el pago de cuatro millones de euros durante la pandemia por parte del sistema sanitario de las islas a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por un pedido de un millón de mascarillas que nunca llegó.
Las investigaciones han conducido a la imputación del exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS) Conrado Domínguez y de su exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez. Domínguez. Domínguez dimitió del cargo en noviembre de 2022. Este lunes compareció ante la Fiscalía Europea, que ha asumido el caso al verse involucrados fondos europeos. El registro practicado este jueves, de hecho, fue solicitado el 29 de abril por el organismo comunitario al juez de garantías de la Audiencia Nacional, según informó Canarias 7. El 4 de marzo, la Fiscalía Europea también asumió otra investigación, la de los contratos para el suministro de mascarillas suscritos por los servicios de salud de Baleares y Canarias, en lo que se conoce como el caso Koldo.
La Fiscalía apreció diversas irregularidades en la operación que permitió que Canarias pagara por adelantado cuatro millones de euros a una empresa que no tenía experiencia en el sector y que, sobre todo, no llegó a entregar el material contratado. Sus pesquisas reconstruyen la forma en la que, presuntamente, los empresarios entablaron relaciones con el responsable del SCS y sostienen que días antes el servicio canario había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”, según consta en el sumario.
Pese a ello, el contrato se cerró y RR7 trató de importar una partida de un millón de mascarillas de la marca 3M, traídas desde Etiopía, que resultaron ser falsas. Fueron interceptadas y destruidas por Aduanas. En junio de 2021, siempre según el sumario, el Servicio Canario de Salud recuperó el contrato, que ya había sido resuelto en febrero por incumplimiento, y dio a la empresa una segunda oportunidad de cambiar el suministro del millón de mascarillas comprometidas por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. Este segundo envío tampoco llegó.
La Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía sospecha que tanto Conrado Domínguez como otros investigados actuaron en calidad de comisionistas. Así, las pesquisas apuntan a que el exdirector del SCS se llevó parte de una mordida de 100.000 euros de ese contrato suscrito en 2022 en favor de la empresa RR7 United, según consta en un informe de la UDEF del que ha informado el periódico Canarias 7. Este informe incluye varias conversaciones en distintos formatos entre Domínguez y Ana María Pérez con el dueño de RR7 y otras cuatro personas en calidad de intermediarios.
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