De las 679 huelgas que hubo en España en 2022, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, 320 fueron en Euskadi. Es decir, el 4,5% de la población del país concentra casi el 50% de la conflictividad laboral total. En Andalucía, donde viven 6,4 millones de personas más, hubo 295 menos. El año pasado, de acuerdo al Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, 58.307 trabajadores participaron en 325 huelgas. No es un fenómeno nuevo o reciente ―aunque el número oscila bastante: 298 en 2010; 164 en 2016; 308 en 2019― y no puede explicarse solo con cifras porque la comunidad con más conflictos laborales es también la que dispone del salario medio más alto de España (2.545,83 euros), la tasa de paro (6,6%) más baja del país (con una media del 11,76%) y la mayor renta disponible por habitante en los hogares (un 26,6% superior a la media nacional). El arraigo sindical y reivindicativo forma parte de la identidad vasca. Sus trabajadores protestan más porque llevan toda la vida haciéndolo.
Las organizaciones presentes en el territorio explican que esa mejor coyuntura laboral obedece, precisamente, a la lucha en la calle. “Tenemos las condiciones de trabajo que nos hemos ganado”, afirma Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA, el sindicato mayoritario en el País Vasco. Loli García, secretaria general de CC OO en Euskadi, comparte que la situación es mejor que en el resto del Estado, pero añade: “También la vida es más cara aquí, especialmente la vivienda, y en los últimos años hemos asistido a un retroceso en los servicios, sobre todo en la joya de la corona, la Sanidad. Peleamos para que no se deteriore más y para que los beneficios de las empresas redunden en los trabajadores”.
El PNV, que desde 1980 ha presidido Euskadi todas las legislaturas menos una (2009-2012), es decir, durante cuatro décadas, acusa a los sindicatos de dibujar un panorama “catastrofista” y perseguir fines “electoralistas” con sus últimas jornadas de protesta. El portal de transparencia del partido no actualiza el dato de su cifra de afiliados desde diciembre de 2021, cuando decía contar con 21.782. ELA afirma tener 103.000, y CC OO, 47.147. La afiliación sindical vasca es superior a la media del resto del país. Javier Gómez, de 56 años, encargado de Industria de CC OO en la comunidad, asegura que “el motor de las movilizaciones y el origen de la fuerza sindical en Euskadi viene del sector del metal, que agrupa a unos 125.000 trabajadores, y fue el que empujó a los demás”. Recuerda que sus padres ya le llevaban a las protestas para reivindicar derechos laborales. Alicia Graña, del mismo sindicato, donde dirige el área del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas dependientes, cuenta que en su colectivo, muy feminizado (el 96% son mujeres) llevan a sus hijos a las manifestaciones: “Lo hemos mamado y ellos también, y luchar por sus derechos les parece lo normal. Para mí, y para muchos aquí, afiliarse a un sindicato es como asegurar el coche: no me planteo no hacerlo, lo necesito para defenderme”. Jon de las Heras, profesor de Economía Política de la Universidad de País Vasco (donde también ha habido varias jornadas de huelga) y miembro del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social Gezki, afirma: “Aquí pasas por delante de las diputaciones y todos los días hay alguna manifestación. Y si lo ves, lo normalizas. Hay una historia de reivindicación, de empoderamiento de los trabajadores, una estrategia distinta a la más pactista del resto. El movimiento de pensionistas más fuerte de España, por ejemplo, es el de Bilbao”. Para García, sin embargo, el arraigo sindical vasco tiene que ver “con la cultura de la cuadrilla”: “Es una sociedad muy participativa donde estás acostumbrado a ponerte de acuerdo, a hacer un bote… al fin y al cabo, a negociar”.
En 2022, la conflictividad en Euskadi se concentró en la Industria (79,7% de las jornadas no trabajadas), fundamentalmente, por la negociación del convenio de la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia, según el Consejo de Relaciones Laborales. El año pasado, sin embargo, el 65,5% de los paros correspondieron al sector de servicios. Ambulancias, Bilbobus, Ayuda a Domicilio, Construcción, educación concertada… son algunos de los colectivos que han ido a la huelga en los últimos años.
La huelga más larga de Europa
ELA y LAB no participan en el diálogo social con patronal y Gobierno vasco, como sí hacen CC OO y UGT. Igeregi cuenta que la última vez que ELA se sentó a esa mesa fue en 1999. “Pretendían dar apariencia de negociación a lo que era imposición pura y dura y decidimos reforzar nuestras herramientas de movilización, sobre todo, la caja de resistencia, que es lo que nos ha permitido tener tantas huelgas en tantos sectores diferentes. El 25% de las cuotas se destina a eso, para que a partir del tercer día de huelga podamos dar una cantidad al trabajador: 1.389 euros al mes, con un tope, que es el de su salario habitual”. La caja de resistencia permitió a los trabajadores de Novaltia, distribuidora de medicamentos, aguantar “la huelga más larga de Europa”, según ELA: tres años y ocho meses. Finalmente, lograron un incremento salarial medio del 27%, pero, tras el conflicto, CC OO se impuso en las elecciones sindicales de la empresa. De las Heras destaca que otros sindicatos autonómicos, como la CIG en Galicia y OSTA en Aragón emulan el método de ELA: “Siguen una estrategia de más confrontación en la que la conflictividad laboral es el método de negociación”.
El pasado enero, el gobierno autonómico y cerca de un centenar de organizaciones de la patronal y sindicatos, salvo los mayoritarios (ELA y LAB) suscribieron un pacto para desarrollar la ley vasca de Empleo. García, secretaria general de CC OO en Euskadi, reivindica ese diálogo social: “La ley recoge el derecho subjetivo de todos los ciudadanos, independientemente de su situación laboral, a las políticas activas de empleo, y nos ayuda a prepararnos para cambios que van a producirse a mucha velocidad, en la transición energética, la digital… para que haya recursos públicos que garanticen la formación y la reorientación profesional. Para nosotros también ha sido muy importante el acuerdo de la reforma laboral, que ha mejorado la calidad del empleo que se crea y ha dado poder a los trabajadores en la negociación colectiva”.
Acoso sexual e igualdad
Tras la intensa conflictividad laboral de los últimos años, según los datos del Consejo de Relaciones Laborales, el 55,3% de los trabajadores disfrutan hoy de convenios vigentes; otro 40% (258.000 empleados) lo tiene prorrogado y sigue negociando y han decaído los que afectan a 30.000 personas. “El nivel de cobertura de los convenios colectivos”, afirma Igeregi, “es el más alto de las últimas dos décadas” en Euskadi. Alicia Graña, responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio de CC OO, explica que desde el primero, en 1996, hasta el último, que abarca hasta 2027, han tenido que “pelearlos en la calle”. El colectivo protagonizó 25 jornadas de huelga en menos de un año hasta lograr “las mejores condiciones laborales del sector en toda España” y el compromiso para elaborar un protocolo específico contra el acoso sexual, que muchas de sus trabajadoras han sufrido durante años en silencio. En un pleno del Ayuntamiento de Bilbao se levantaron la camiseta para mostrar las demandas laborales que se habían escrito sobre el pecho. “Como somos fundamentalmente mujeres y trabajamos dentro de las casas”, explica, “estamos muy invisibilizadas, así que necesitamos llamar la atención para que se nos vea”. Y añade: “Cuando empecé en esto, hace 34 años, este sector funcionaba básicamente en la economía sumergida. Eran los Ayuntamientos y las instituciones religiosas las que hacían de contacto entre las trabajadoras y los usuarios. Hoy los políticos hablan mucho de ‘llevar los cuidados al centro’, pero muchos todavía no han entendido bien lo que hacemos, el desgaste físico y psicológico que supone. Mis compañeras tienen las espaldas destrozadas. Encadenan un duelo con otro, porque cuando trabajas muchos años para alguien, le coges cariño; trabajan con personas que sufren enfermedades mentales, alguna ha tenido que escapar por una ventana; se ocupan de tejer redes, cuando alguien necesita una trabajadora social, por ejemplo, porque no le llega la pensión, o directamente llevan comida hecha de su casa porque la persona a la que atienden no le queda dinero. Y sí, sufrimos acoso. He atendido a hombres que me tocaban el culo, que me leían los anuncios de prostitutas del periódico, y he visto abusos sobre mujeres encamadas, enfermas de Alzhéimer, por parte de sus maridos. Es muy duro”.
Graña, de 59 años, cuenta que su vinculación al sindicato, en el que entró a los 25, sigue intacta, pero se ha desencantado de la política. “Hace cuatro años tenía muy claro a quién votar. Hoy no. Los políticos solo llaman en campaña electoral. A los ayuntamientos, que son los que gestionan nuestros servicios, solo les interesa ahorrar y a las empresas, hacer caja. Cuando, casi siempre una mujer, acude a solicitar asistencia para un familiar dependiente, le dan tres opciones: centro de día o residencia; prestación de 400 euros o ayuda a domicilio. La población envejece y cada vez necesita más cuidados, pero el número de trabajadoras baja porque en los ayuntamientos animan a las familias a solicitar la prestación, más barata para ellos, y que los familiares se hagan cargo”. Eso contribuye, apunta Loli García, a que se mantenga la brecha de género, porque son sobre todo mujeres las que asumen esos cuidados, y también a favorecer, según Graña, “la economía sumergida para que recurran a compañeras, generalmente inmigrantes, pagándoles en negro”. “Nuestro siguiente”, añade, “son los coeficientes reductores, es decir, que podamos jubilarnos antes, como ocurre en la minería. Sectores muy masculinizados tienen ese derecho, nosotras aún no. Hemos conseguido muchas cosas, pero queda mucho por hacer”.
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