Vivimos en tiempos de incertidumbre y de auge político neoconservador y autoritario, donde algunos pretenden normalizar el empeño de la derecha y la extrema derecha de sepultar la educación pública y el estado social de derecho. Cada vez es más necesario y urgente generar alternativas comprometidas con el bien común y recuperar referentes esenciales pedagógicos y democráticos. Necesitamos impulsar una nueva política educativa crítica, pública, laica, inclusiva, feminista y democrática.

El derecho a la educación es democracia en acción, de ahí la necesidad de profundizar en el análisis de lo público, de fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la educación y de evitar los guetos y la segregación escolar de los conciertos y, también, en la red pública, a través de prácticas de selección inadecuadas e injustas. Una nueva política educativa que garantice que todos tengan acceso a las mismas oportunidades y recursos, que aborde las desigualdades existentes para conseguir resultados justos.

De ahí nuestro énfasis en reivindicar el despliegue de nuevas políticas educativas públicas, una ordenación que aboga por el cuidado de lo común, una construcción colectiva, participativa y democrática, que necesita de la implicación ciudadana, organizada o no, en procesos de diálogo y acuerdo social. Una tarea que el colectivo del Foro de Sevilla ha venido desplegando desde hace tiempo. Llamamos, una vez más, a la participación de la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales y educativos implicados; en esta ocasión, sobre algunos ámbitos de necesaria mejora y cambio de rumbo en nuestro sistema escolar.

Ante las incesantes y abundantes iniciativas neoconservadoras de desarrollo normativo que están pervirtiendo el sentido de las políticas educativas y que aseguran ser “neutrales y apolíticas” porque simplemente reproducen y enseñan a reproducir “lo que hay”: el actual modelo capitalista que ahonda la desigualdad y la destrucción del planeta. Necesitamos una nueva política que frene cualquier medida o proceso de privatización de lo público, revirtiendo el desvío de financiación pública a organizaciones privadas (conciertos educativos); actualmente el mayor factor de segregación educativa.

La escuela pública, de titularidad y gestión pública, ha sido el mejor proyecto social, el de más éxito en la construcción de un modelo de convivencia justa en derechos, de progreso cultural y de cohesión social. Si bien, para su continuidad necesita del respaldo de políticas sociales públicas que acompañen su desarrollo, la apoyen y sean coherentes con sus propósitos.

Los conflictos sociales, las desigualdades, las injusticias, las emergencias ecológicas y climáticas y los desafíos de la humanidad deben configurar, en gran medida, los ejes sustanciales del currículo escolar. Enfatizar los valores de solidaridad, apoyo mutuo y cooperación, la educación en derechos humanos y sociales, de los pueblos, la equidad, la igualdad de género y el cuidado de nuestro planeta. Cuestionando radicalmente la lógica tradicional de la fragmentación curricular y apostando por el diálogo y la integración de saberes que ensanchan y enriquecen el campo de conocimiento: lo hacen más situado, relevante y profundo.

Se necesitan nuevas políticas educativas que afiancen un modelo de profesional docente ligado a un trabajo autónomo, reflexivo y comprometido con su entorno y con las comunidades educativas, alejado de la figura de aplicador de estándares y de gestor administrativo que no se corresponden con el trabajo educativo.

Necesitamos una enseñanza coherente con el carácter inclusivo y democrático que deben tener los procesos de evaluación. Una nueva política educativa que se distancie de la interesada meritocracia y de la enmascaradora cultura del esfuerzo, demostrados mecanismos de reproducción de las clases sociales. La organización y el funcionamiento de los centros educativos necesitan evolucionar hacia un modelo más democrático, más participativo y flexible, rompiendo la lógica administrativista y burocrática actual. Hace falta una nueva política educativa que otorgue nuevas competencias a los centros en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la concreción del currículum, la elaboración de proyectos, la organización del centro y su inserción en proyectos comunitarios de su territorio, sin que derive en una competencia intercentros y en una interesada diferenciación y segregación.

Es importante educar en una conciencia crítica sobre el uso necesario de las tecnologías digitales, enfatizando su potencial liberador en lugar de manipulador. Reprobamos la actual privatización de nuestra soberanía digital en manos de las grandes tecnológicas que convierten los centros educativos en grandes granjas de datos de unos “clientes” presentes y futuros a los que se pretende fidelizar como consumidores.

Se ha de evitar rupturas bruscas en los cambios de etapa, promoviendo el trabajo en equipo entre el profesorado de diversos niveles, ciclos y etapas. Construir colectivamente una cultura común, equiparando las condiciones de trabajo del profesorado y apostando por el cuerpo único de docentes. Crear redes de centros educativos próximos geográficamente, donde la vinculación, la cooperación y coordinación y la buena transición entre las diferentes etapas educativas sea un componente estructural que dé sentido a la red.

Ello implica nuevas políticas basadas en la confianza, estimulación y motivación del profesorado con acompañamiento y tutorización docente. Promotoras del trabajo en colaboración, la implicación en un proyecto educativo comunitario, de compromiso ético y emancipador, de transformación educativa y social. Aumentando el protagonismo del profesorado en las reformas y cambios en educación.

Necesitamos una formación inicial y permanente del profesorado contextualizada, basada en la práctica profesional, más liberadora y transformadora, democrática, de mayor autonomía y desarrollo de un pensamiento contextual y crítico. Vinculada a los centros escolares, generando proyectos formativos compartidos que involucran al profesorado en formación, al profesorado en ejercicio y al profesorado de las facultades de Educación.

Y por supuesto, más inversión en educación, reducir ratios y mejorar las dotaciones de docentes para educar de manera personalizada, además de otros profesionales (de la educación social y de la mediación intercultural, intérpretes de lengua de signos, etc) para atender la complejidad y hacer efectiva la inclusión educativa en el marco de una cultura de diversidad real. Alcanzar, al menos, la financiación de los países líderes en inversión en educación pública (el 7% del PIB). Que el 100 % de la financiación del Estado se aplique a la educación pública eliminando los conciertos educativos, o cualquier otra fórmula de financiación a la escuela privada, como los cheques escolares.

El colectivo Por otra política educativa. Foro de Sevilla, como en otras ocasiones y más allá de los diálogos presenciales que promueve, pondrá a disposición de la ciudadanía y comunidades educativas, en su web, una elaboración extensa y mucho más argumentada de los ámbitos de preocupación que acabamos de referir. Animamos a la participación de toda la ciudadanía para seguir avanzando y reivindicando nuevas, democráticas y justas políticas educativas.

Por Otra Política educativa. Foro de Sevilla es un colectivo de profesionales, ligados a la universidad, a la reflexión y la investigación en el campo de las ciencias de la educación, preocupados por el deterioro de nuestro sistema escolar y el desarrollo de políticas erráticas y privatizadoras del derecho a la educación, precursores del manifiesto “Por otra política educativa”.

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