Nuevo balón de oxígeno para Donald Trump en sus líos con la justicia. La jueza del caso de los papeles de Mar-a-Lago ha retrasado este martes indefinidamente el inicio del juicio por el manejo del expresidente de centenares de documentos clasificados que se llevó sin permiso de la Casa Blanca después de perder las elecciones de 2020.
Aileen M. Cannon, que ha recibido críticas en el pasado por mostrarse demasiado comprensiva con las aspiraciones de la defensa durante la instrucción del caso, citó en una resolución de cinco páginas “cuestiones importantes en torno a las pruebas” que deben ser resueltas antes de que el caso se presente al jurado. Lo contrario, escribe, “sería imprudente e inconsistente con el deber del tribunal de considerar completa y justamente las diversas mociones previas al juicio pendientes”.
Cannon había fijado inicialmente una fecha de arranque del proceso para finales de este mes de mayo. Con la nueva resolución, parece muy poco probable que vaya a alcanzarse un veredicto (y mucho menos, fijarse una sentencia) antes del 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales, en las que Trump, candidato republicano, volverá a enfrentarse, cuatro años después, a Joe Biden, que busca la reelección.
En su orden del martes, Cannon estableció una serie de nuevos plazos previos al juicio que las partes deberán cumplir. Lo único seguro de momento es que nada sucederá hasta después del 22 de julio, cuando debe cumplirse un requisito procesal fijado por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, norma que rige para este caso.
La anterior fecha del 20 de mayo la fijó Cannon desoyendo las peticiones de la defensa, que pidió que su arranque se dejara para después de las elecciones, y del fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia, Jack Smith, que solicitó que empezara en diciembre de 2023. Esta vez, Smith aspiraba a que la jueza no lo dejase más allá del 8 de julio próximo, pero esta se ha negado. Sobre el lugar nunca hubo discusión: el juicio se celebrará en Fort Pierce, ciudad de Florida a unos 200 kilómetros de Miami, donde la magistrada federal tiene su plaza.
En el caso de los papeles de Mar-a-Lago se juzga al expresidente por el manejo de centenares de documentos secretos o clasificados que se llevó sin permiso a su residencia privada en Palm Beach, que además es un hotel y un club social, cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Esos papeles, como los de cualquier presidente estadounidense cuando deja el cargo, pertenecen por ley a los Archivos Nacionales. También está acusado de negarse a devolverlos cuando las autoridades se los pidieron en reiteradas ocasiones. Esas resistencias desembocaron en un registro del FBI el 8 de agosto de 2022, durante el que se incautaron de 48 cajas.
Trump se enfrenta a 37 delitos: 31 de ellos, por retención intencionada de información de defensa nacional contenida en otros tantos documentos; tres, por guardarse y ocultar papeles a las investigaciones federales; dos por falsedad; y el último, por conspiración para obstruir a la justicia con uno de sus empleados, Walt Nauta. Este además está imputado por doblar tareas como ayudar al jefe a gestionar el material sensible, así como por mentir a las autoridades.
Procesos paralelos
El principal acusado se declaró “no culpable” en una comparecencia en Miami el pasado mes de junio. La de los papeles de Mar-a-Lago fue su segunda imputación, tras la de Nueva York, que hizo historia por ser la primera a un expresidente estadounidense. Trump está estos días en Manhattan sentado en el banquillo de los acusados en un juicio por un presunto delito electoral asociado al pago para comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones de 2016. Si la fecha inicial del caso de Florida se hubiera respetado, los jueces habrían tenido que ponerse de acuerdo para no entorpecer ambos procedimientos.
Además, Trump tiene otros dos juicios pendientes. Uno en Washington, por su presunta responsabilidad en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, perpetrado por una turba de sus seguidores tras un mitin en la capital el día en el que el Congreso debía certificar la legítima y pacífica transferencia de poder presidencial a Biden. Y el otro, en Atlanta, por las maniobras que llevó a cabo para intentar alterar el resultado electoral en Georgia, Estado en el que perdió en 2020, y en el que se dejó algo así como la mitad de la presidencia.
A estas alturas, la posibilidad de que antes de las elecciones solo quede resuelto el caso Stormy Daniels va tomando cada vez más fuerza, gracias a las exitosas maniobras de dilación de su defensa en los diferentes procesos.
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