El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha desvelado este jueves que la Inspección de Trabajo ha aflorado 16,1 millones de euros entre enero y abril de este año en salarios que no habían sido pagados correctamente por las empresas a sus trabajadores. Estas acciones forman parte de una campaña inspectora para la regularización de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social que, sobre todo, se centra en los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) de los últimos años.
El número dos del Ministerio de Trabajo y mano derecha de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha compartido este dato durante la presentación del último número del Observatorio de la Negociación Colectiva de la Fundación Primero de Mayo que analiza La regulación de las retribuciones en la negociación colectiva, donde ha insistido en que “España debe dejar de ser un país de bajos salarios, que es lo que es en la actualidad”. Eso pasa, ha precisado, por reforzar las fórmulas de salario vinculadas a los resultados de las empresas, por incrementar las tablas salariales y “porque desaparezcan del mapa absolutamente los convenios colectivos que no respetan en sus estructuras salariales el salario mínimo interprofesional”.
En su opinión, deben ser las empresas y los representantes de los trabajadores los que “impulsen una gran subida salarial en España” porque, según ha recordado, “los umbrales de decisión salarial no se pueden fijar normativamente, sino que están sujetos a la negociación colectiva”. Aun así, ha recordado que el Gobierno sí ha conseguido mejorar por ley el salario mínimo, que ha subido un 54% desde 2019, y ha coincidido con el llamamiento hecho ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que las empresas suban los salarios. Si bien, ha añadido que eso “no puede quedarse en una invitación a que los empresarios hagan un ejercicio de responsabilidad”, sino que debe fraguarse un compromiso claro de país en este sentido. Es más, ha dicho que este incremento generalizado de las retribuciones, “no puede ser un desiderátum, sino que debe ser una obligación que emane de la negociación colectiva”.
Precisamente, Pérez Rey ha asegurado que la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que negocia el Ejecutivo con los interlocutores sociales y estos de forma bilateral entre ellos, “también será una forma de subir los salarios, porque este recorte del tiempo de trabajo sin disminución salarial, que es el compromiso del Gobierno, será un mecanismo claro de incrementar la productividad por vías alternativas a los bajos salarios y supondrá un aumento lineal de la subida de los sueldos en la negociación colectiva”, ha explicado el secretario de Estado de Empleo.
Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal
