La Fiscalía ha rectificado su posición en la causa penal que impulsó contra Shakira por un presunto fraude fiscal cometido en 2018, distinto del caso por el que fue condenada. El abogado de la cantante colombiana, Pau Molins, había solicitado el archivo de ese nuevo frente judicial y ahora, la Fiscalía —que presentó la querella— le da la razón y considera que no hay indicios suficientes de que Shakira defraudara alrededor de seis millones de euros en el pago de impuestos de ese año, cuando residía junto a su expareja Gerard Piqué y sus dos hijos en Barcelona.
La Fiscalía de delitos económicos de Barcelona considera que la causa penal no debe prosperar, ya que los indicios no son lo suficientemente robustos. En un comunicado, el ministerio público considera, no obstante, que “sí existe una obligación tributaria” por parte de la cantante en los impuestos de IRPF y Patrimonio de 2018. Pero el asunto debe resolverse “en la vía administrativa” y no en la penal, y corresponderá a la Agencia Tributaria reclamar las cantidades pertinentes.
La causa comenzó, precisamente, con una querella de la Fiscalía, que fue admitida a trámite por el juzgado número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona). La cantante negó las acusaciones en una declaración por videoconferencia desde Miami. Si el resto de acusaciones (la Generalitat) también accede a la petición de archivar la causa, como según fuentes judiciales va a ocurrir, la jueza no tendrá más remedio que dar carpetazo al proceso judicial abierto por los dos delitos fiscales.
“Nos congratulamos de que la Fiscalía, por fin, se haya adherido a nuestra petición de archivo”, opina la defensa, que hizo esa solicitud después de que la cantante prestara declaración como investigada, hace tres meses. En una comparecencia de apenas media hora desde Miami, Shakira negó los hechos y afirmó que la querella por esa segunda causa había sido una forma de “presionarla” para que acabara aceptando sus responsabilidades en la primera causa, la más grave, como así hizo finalmente. Las diligencias se abrieron, de hecho, cuando Shakira estaba todavía pendiente de juicio.
El pasado noviembre de 2023, Shakira aceptó la condena por haber defraudado 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. La artista aceptó una pena mínima, de un año por cada uno de los tres delitos fiscales, y asumió el pago de una multa de 7,3 millones. A lo largo de todo el proceso, había negado de forma vehemente que durante ese periodo viviera en España con Gerard Piqué y sus hijos y, por tanto, se la pudiera considerar residente fiscal. Al final, sin embargo, acató las tesis de la acusación, entre otras cosas para evitar la exposición mediática del juicio y lograr una rebaja sustancial de la pena.
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