La defensa de Rodrigo Rato ha lanzado este jueves su contraataque. Tras tres días escuchando los informes finales de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, durante los que arremetieron con dureza contra el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la abogada del expolítico ha tomado esta mañana la palabra para tratar de tirar abajo las imputaciones vertidas contra su cliente: “Este es el juicio al revés. En este plenario ha regido el principio de culpabilidad. Somos las defensas las que tenemos que demostrar nuestra inocencia”, ha incidido la letrada, María Massó, que ha calificado la tesis de las acusaciones como un auténtico “castillo de naipes”. “Pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguanta este”, ha remachado.
Usando estas palabras como prólogo, la abogada ha arrancado una amplia exposición que ha aprovechado para criticar la investigación contra Rato: “Se miran los hechos por las acusaciones de una manera sesgada”; “el auxilio judicial ha operado como perito de la acusación”; “se aplican presunciones fiscales inválidas en el ámbito penal”; “se sostienen tesis, hipótesis y teorías criminales más propias de quien redacta una denuncia, que de quien tiene que acreditar una conducta atípica y culpable”, ha enumerado durante su alegato final, que se ha prolongado durante cuatro horas y que seguirá este viernes. “La acusación se sostiene con alfileres”, ha remarcado ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que, desde el pasado diciembre, enjuicia al también exvicepresidente del Gobierno, considerado por el PP como símbolo de ese “milagro económico” del que alardeaban los conservadores.
Anticorrupción mantiene que el ex director gerente del FMI ejecutó, “desde al menos 1999 y hasta 2015″, un plan para “llevar a cabo una soterrada gestión de sociedades cuya primordial finalidad ha sido la evasión fiscal”, “tanto en España como en el extranjero”. Según su tesis, Rato urdió una trama empresarial opaca para gestionar “un enorme patrimonio, con inversiones y reinversiones constantes, desconocidas para el erario público”; además de “eludir el pago de impuestos por sus servicios profesionales, parapetándose tras una red de sociedades interrelacionadas entre sí”.
Rato, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 63 años de prisión, ya cargó contra Anticorrupción y contra la Abogacía del Estado durante su declaración en la vista oral. “Este caso es la búsqueda del tesoro perdido”, satirizó el exministro, que calificó como “fabulación” toda la hipótesis de las acusaciones e, incluso, se refirió a ellas como “tonterías”. “¿Es que nos toman por tontos?”, recriminó al abogado del Estado. “Estamos consumiendo horas de todos nosotros hablando de fabulaciones incitadas por la Fiscalía. Horas, horas y horas…”, añadió contra el ministerio público.
A lo largo de su informe final, la abogada María Massó ha desgranado los importes bajo sospecha. La defensa, que pide la absolución de Rato, argumenta que todos los fondos están justificados y que debe decaer la “monstruosa acusación de 11 delitos fiscales” que se le atribuyen.
La amnistía fiscal
La abogada de Rato se ha detenido en la regularización fiscal que el exministro realizó en 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Frente al criterio de Anticorrupción, que asevera que el exdirigente popular no declaró entonces toda su fortuna oculta, la letrada ha enfatizado que el exvicepresidente sí lo hizo. Ha dicho que “afloró voluntariamente” su patrimonio no prescrito y regularizó todas sus rentas “conforme a la normativa” vigente en ese momento. “Esta regularización fue obviada durante toda la instrucción. La fiscal la introduce en 2020 para mantener este castillo de naipes”, ha reprochado.
Al hilo, María Massó ha cuestionado los cálculos que la Fiscalía ha realizado para concluir que Rato engañó a Hacienda —el escrito de acusación apunta que las cuotas defraudadas asciende a más de 8,5 millones de euros—. Y ha hecho hincapié en que cualquier discrepancia con la regularización fiscal es una cuestión “administrativa y no penal”; ya que, según ha comentado, “nunca había tanto [patrimonio] para tributar como para alcanzar los 120.000 euros”, importe a partir del cual se considera delito.
La defensa también ha criticado que el ministerio público afirme que, durante su etapa como director gerente del FMI, Rato no era residente fiscal en EE UU. “Esta parte ha acreditado la no residencia en España con muchos documentos: la carta de nombramiento; la copia de acceso al Fondo; la cartilla de vacunación con todas las fechas; los informes de viaje con salida y regreso a Washington; los pasaportes diplomáticos y españoles, ambos son relevantes porque hay un montón de sellos en ellos; el poder otorgado en el consulado general de España en Washington; cartas al Tesoro americano informando de la compra de la casa en Washington; la carta sobre el pago de impuestos…”, ha detallado, después de decir: “El director gerente del FMI no puede ser residente fiscal en España con arreglo a la normativa española. Eso supone que en los años 2005, 2006 y 2007 no hay defraudación tributaria alguna”.
Por otro lado, la letrada también ha reprochado a las acusaciones que afirmen que las sociedades profesionales de Rato —Kradonara, Arada o Explotaciones Carabaña, entre otras— fueran meras “carcasas o instrumentos” para no declarar al fisco lo que debía. Tenían empleados “de carne y hueso”, ha apuntado Massó, que ha replicado que las labores de asesoría a otras compañías (como Telefónica, Lazard y Criteria Caixa) están bien tributadas por el Impuesto de Sociedades y no por el IRPF, como defienden las acusaciones; porque, según ha asegurado, detrás de esos servicios había un equipo que apoyaba a Rato, que simultaneaba varias actividades.
La vista oral proseguirá este viernes, cuando la defensa de Rodrigo Rato prevé acabar la exposición de su informe final. Una vez que concluya la abogada del expolítico, el resto de defensas tendrán la oportunidad de explicar sus conclusiones. Por último, los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra.
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