La Agencia Tributaria devolvió el año pasado más de 12.200 millones de euros a las empresas por la liquidación del impuesto de sociedades. Las compañías españolas anticiparon al fisco a través de los pagos fraccionados más dinero del que legalmente tenían que tributar. Aunque la dinámica se suele repetir cada ejercicio desde 2011, cuando se estableció este sistema de anticipos, el año pasado se alcanzó un récord de devoluciones, algo que evidencia el anormal funcionamiento del impuesto sobre los beneficios, uno de los más importantes del sistema tributario español.
Los pagos fraccionados se calculan en función del resultado contable, mientras que el impuesto se liquida en función de la base imponible, que elimina los tributos ya pagados por las filiales en el extranjero de las empresas españolas y los créditos fiscales, engordados por las pérdidas acumuladas durante la crisis financiera del periodo 2008-2012 y la pandemia. Esta diferencia está alterando la política financiera de las grandes empresas españolas, que tienen que prever sus flujos de efectivo para hacer frente a los cada vez más elevados pagos a Hacienda, que aunque luego recuperan ese dinero, lo hacen con más de un año de retraso. Este sistema funciona como una financiación encubierta de los gastos del Estado.
Hace una década, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguró que en España había grandes bancos que no pagaban “ni un euro” por el impuesto de sociedades. Desde entonces se han hecho avances. Pese a que la recaudación del impuesto aumentó hasta los 32.000 millones el año pasado, el máximo nivel desde 2007, sigue lejos de los estándares europeos. España ingresa por esta figura tributaria un 2,7% de su PIB, frente al 3,3% de media de la eurozona. Para equiparse a la media europea las empresas españolas deberían pagar casi 8.500 millones más: la recaudación debería aumentar un 25% más para equipararnos con Europa.
El camino para reducir la brecha no es fácil y está repleto de incertidumbres. El Ministerio de Hacienda advierte de que el gran problema del sistema tributario son los “agujeros” de este impuesto. Aunque proporcionalmente se recauda menos, el peso de este impuesto sobre los ingresos tributarios es mayor en España que el resto de países comunitarios, según la OCDE. Convendría tener en cuenta el riesgo de actuar de forma unilateral en un mundo globalizado y conectado. De hacerlo, algunas compañías podrían modificar sus estrategias fiscales de forma legal para tributar en otros sitios. Para evitarlo, España debería actuar de forma coordinada con las instituciones internacionales que están dictando el ritmo de implantación de las medidas para establecer un impuesto mínimo global sobre las ganancias.
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