España cumplirá por los pelos con el límite de déficit público que marcan las nuevas reglas fiscales, que entran en vigor este 2024 tras varios años suspendidas. Es lo que prevén, al menos por ahora, la Airef y Funcas, que hacen suyas las proyecciones del Gobierno central en lo que se refiere al agujero fiscal. El Ejecutivo estima una desviación para este ejercicio del 3% del PIB (siete décimas mejor a la de 2023 y el techo que fija Bruselas) y los dos organismos la corroboran. Sin embargo, hay espacio para el riesgo y la incertidumbre, sobre todo debido a varias importantes sentencias contrarias a los intereses del Estado que pueden impactar en las arcas e inflar los gastos no recurrentes. En esencia son dos: el fallo del Constitucional que tumbó en enero la reforma del impuesto de sociedades llevada a cabo en 2016 por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la resolución que dictó la devolución del IRPF pagado de más a los jubilados de las mutualidades. Los expertos creen que estas sentencias tendrán un coste conjunto de varios miles de millones para el Estado.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, explicó ayer en una jornada organizada por Funcas que la retirada progresiva de las medidas anticrisis —implantadas en los últimos años para contrarrestar los efectos de la inflación y la crisis energética— supondrá una reducción del déficit de unas siete décimas de PIB. En paralelo, la evolución subyacente del resto de gastos e ingresos supondría una disminución del desvío presupuestario de más de una décima que, sin embargo, quedará anulada por el incremento de los gastos no recurrentes vinculados a las sentencias judiciales antes mencionadas, principalmente la vinculada al impuesto de sociedades.
El problema, abundó Desiderio Romero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y economista sénior de Funcas, es que el fallo judicial que afecta al impuesto de sociedades tiene aparejado un elevado grado de incertidumbre, con un impacto en las devoluciones que se estima en varios miles de millones de euros y que puede oscilar entre un nivel relativamente asumible para Hacienda y un volumen que, por desmesurado, podría hacer peligrar los objetivos fiscales. Varios expertos hablan de una cifra de reembolsos cercana a los 4.000 millones de euros, si bien otros la elevan hasta el entorno de los 10.000 millones. Sea como sea, un agujero importante para los objetivos fiscales.
La nota positiva para Hacienda, resalta la Airef en un informe publicado en abril, es que las devoluciones extraordinarias previstas en virtud del fallo del Constitucional “se compensarán parcialmente con ingresos extraordinarios procedentes de otra sentencia por fraude, resultando en su conjunto inferiores a las devoluciones por sentencias y créditos fiscales exigibles pagadas en el año previo”. La Autoridad Fiscal no ofrece datos de la sentencia en cuestión, pero fuentes tributarias señalan a la filial en España de la cementera Cemex, la cual tendrá que pagar al Estado 455 millones de euros por una sanción.
En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que la empresa interpuso para librarse de la multa impuesta por la Agencia Tributaria por cometer irregularidades fiscales durante los ejercicios 2006 y 2009, dirigidas a rebajar el pago de impuestos. Cemex habría inflado artificialmente sus pérdidas a través de una red de operaciones simuladas con el objetivo de conseguir créditos fiscales con los que rebajar el pago de impuestos. Tras varios años de litigio, el Supremo confirmó la multa, que compensará parcialmente la devolución por sociedades.
Los ingresos derivados de la sanción a la cementera, sin embargo, no bastarán para corregir el desvío asociado a las transferencias no recurrentes. La Airef, de hecho, espera un aumento del gasto “en otras transferencias de capital” por el impacto derivado del fallo de sentencias desfavorables a los intereses del Estado. En 2023 el impacto de este tipo de gastos fue menor que otros años, de forma que las transferencias de capital redujeron su peso en el PIB en tres décimas principalmente por este motivo. No obstante, “para 2024 ya han recaído varias sentencias que supondrán un incremento del gasto por transferencias de capital de al menos dos décimas de PIB”.
Afianzar los ingresos
En enero, al tumbar la reforma en sociedades de Montoro, el Constitucional acotó las devoluciones a que las empresas afectadas tuvieran abierto un proceso contra la Agencia Tributaria y, en paralelo, dejó sin efectos unas modificaciones que mermarían la recaudación actual del impuesto. El argumento del tribunal de garantías para vetar la modificación en el impuesto se apoya en el instrumento utilizado para impulsar la reforma: el real decreto-ley. Para el Constitucional, la reforma tendría que haberse producido por trámite parlamentario.
Por todo ello, el PSOE ha registrado una enmienda que ahora prevé aprobar en las Cortes para afianzar los preceptos anulados y así consolidar los ingresos del impuesto: “Resulta esencial paliar la pérdida recaudatoria derivada de la expulsión del ordenamiento jurídico de las referidas normas”, justifican los socialistas en su propuesta de modificación.
La enmienda, entre otros, propone la incorporación de una disposición adicional a la ley del impuesto con el objetivo de restablecer el límite a la compensación de bases imponibles negativas para aquellas empresas con más de 20 millones de euros de facturación. Además, contempla un nuevo límite en la aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, con la finalidad de evitar que los créditos fiscales anulen la cuota diferencial a ingresar en períodos impositivos con base imponible positiva.
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