El Ministerio de Hacienda devolvió a las empresas a lo largo de 2023 un total de 12.259 millones de euros derivados de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, un aumento del 12% sobre el año previo que lo convierte en el ejercicio con mayores reembolsos de la historia. Detrás de este fenómeno se encuentra un proceso continuado de aminoración de la base imponible llevado a cabo por las grandes empresas. Es decir, un intento por reducir la parte de los beneficios sobre la que posteriormente se calculan y pagan los impuestos. Estas maniobras se sustentan esencialmente en la utilización de los ingresos generados en el exterior, de las bases imposibles negativas, comúnmente conocidas como créditos fiscales, y de las reservas de capitalización.
Para entender todo este procedimiento es preciso ver primero cuál ha sido el comportamiento de los pagos fraccionados que tienen que abonar las compañías, una suerte de adelantos que deben desembolsar con regularidad en previsión de sus ingresos a futuro. Más tarde, cuando llega la liquidación definitiva del tributo y toca ajustar números, ese dinero ya está en manos de Hacienda, que deberá devolver la parte correspondiente a las sociedades en caso de que hayan aportado más de lo que finalmente debían. Estos pagos fraccionados también llegaron en 2023 a un nivel récord: 34.079 millones de euros, una subida anual del 15% que se produce al calor del repunte de los buenos resultados empresariales. Y ahí está la clave de todo el proceso.
Los pagos fraccionados de las grandes empresas, explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, se realizan en función de la previsión del resultado contable, es decir, del beneficio. Las organizaciones pagan una cantidad determinada y una parte de ella termina saliendo a devolver porque está exenta. “Hay dos factores que explican este hecho”, prosigue De la Torre. Por un lado, una proporción de los beneficios no tributa porque se corresponde con ganancias y dividendos del exterior, que están prácticamente libres de pagar para evitar la doble imposición. Por el otro, las compañías utilizan los créditos fiscales que tienen disponibles para compensarse por las bases imponibles negativas, que no tributan. “Gracias a estas dos fórmulas, las empresas consiguen hacer más pequeñas sus bases imponibles y obtienen mayores devoluciones”, añade.
“Si se devuelve mucho es porque ha habido un mayor volumen de pagos fraccionados”, resume Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Las grandes empresas tienen un mínimo a abonar en función del resultado contable y no en función de la base imponible. Además, “en esos pagos fraccionados no se tiene en cuenta la reserva de capitalización, un incentivo fiscal que luego pueden aplicarse para reducir su factura fiscal”.
Por regla general, el pago a cuenta del impuesto de sociedades se produce a lo largo del año, fraccionándolo en tres cuotas a través de los modelos correspondientes que habilita la Agencia Tributaria. Esa presentación tiene que darse en los primeros veinte días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre. Más adelante, una vez que el dinero está en manos de Hacienda, se hacen cuentas y las cifras se ajustan para tener la fotografía del año completo, que siempre corresponden al anterior, tal y como recuerda De la Torre.
Es decir, todas estas cuantías que recoge la estadística de la Agencia Tributaria son las del año previo. En 2020, por ejemplo, los beneficios empresariales cayeron a causa de la pandemia y de la crisis económica. Por eso, las devoluciones de 2021 se hundieron un 25% en comparación con las del año previo, que estaban referenciadas a los resultados del año 2019. En 2021, las empresas volvieron a ganar dinero y registraron un pago fraccionado más elevado, por lo que los reembolsos del año 2022 volvieron a subir. Lo mismo sucedió con las devoluciones de 2023.
Para el año 2024, añade De la Torre, “es de esperar un récord de devoluciones basado en el repunte de los beneficios empresariales que se registró en el ejercicio anterior″, que en muchos casos llegó a niveles récord. A ello se le sumarán, prosigue, los reembolsos asociados a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró contraria a la ley buena parte de la reforma en el impuesto de sociedades que llevó a cabo en 2016 el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pese a que las consecuencias del fallo aún son inciertas, los expertos calculan que los reintegros a los que se enfrenta Hacienda alcanzarán varios miles de millones de euros.
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