Para el PP, el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es un miembro más del Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su “sucio” plan “de ataque a la democracia y de colonización de las instituciones”. Por eso los populares han aprovechado este miércoles el debate en el Senado no solo para plantear la reprobación de García Ortiz —que ha salido adelante porque el PP cuenta en esa Cámara con mayoría absoluta— sino para exigir el cese de todo el Ejecutivo.
La reprobación del fiscal general —una censura que no tiene efectos ejecutivos pero sí simbólicos— ha sido aprobada por 144 votos a favor (los del PP y Vox), 97 en contra y 19 abstenciones. El primer partido de la oposición ha usado la sesión para enmendar de plano la labor del Gobierno y en concreto la de Sánchez. Junts, ya en clave de la campaña electoral catalana, pareció querer reprobar más a Salvador Illa, el candidato del PSC el 12-M, que al fiscal García Ortiz, sobre el que se abstuvo.
El PP no desperdicia la ocasión para hacer valer su control de la Cámara alta en su estrategia de oposición dura al Gobierno de Sánchez. El pasado febrero ya utilizó la figura de la reprobación parlamentaria para cuestionar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y este miércoles le tocó el turno al fiscal general. La censura llega en una semana en la que el máximo representante del ministerio público ha sufrido varios varapalos judiciales: el Tribunal Supremo anuló el martes el nombramiento de Dolores Delgado (su predecesora y cercana colaboradora) como fiscal de Memoria Democrática, cinco meses después de revocar también el ascenso de Delgado a fiscal de sala, que atribuyó a un ejercicio de “desviación de poder” por parte de García Ortiz. También el martes de esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la querella presentada por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía.
El PP aludió a esas dos actuaciones judiciales y generalizó sus críticas a Álvaro García Ortiz, aunque la senadora popular María Asunción Mayo afirmó que no quería lanzar “un ataque personal” contra él sino cuestionar al presidente Pedro Sánchez por “manosear y colonizar todas las instituciones”. Mayo sostuvo que el fiscal general debe ser cesado “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, por falta de transparencia y por su servilismo al Gobierno”, remachó que ha sido desautorizado varias veces por el Tribunal Supremo y recordó que, además, fue considerado no idóneo para ese puesto por el Consejo General del Poder Judicial.
La parlamentaria popular agregó que el fiscal general del Estado “no sólo se ha callado” ante las arremetidas de los partidos independentistas catalanes contra determinados jueces por el supuesto lawfare (persecución jurídica al adversario político) “sino que les ha mostrado sintonía”. Y concluyó que debe ser cesado para recuperar el prestigio de la institución. De paso, como ejemplo de la regeneración democrática que dice promover Sánchez, reclamó “la dimisión de todo el Gobierno”.
Esa exposición inicial de la senadora Mayo fue completada por su compañera de bancada del PP María José Pardo, que insistió en que el Gobierno puede destituir perfectamente a García Ortiz porque ya recordó en su día Pedro Sánchez que el fiscal general “depende” del Ejecutivo. Pardo completó ese bloque de invectivas del PP con una enmienda global al Gobierno de Sánchez como culpable del “mayor ataque a la democracia y el Estado de Derecho”. Y exclamó, visiblemente irritada: “Saquen sus sucias manos de las instituciones y cesen al fiscal general”.
La estrategia del PP no encontró respaldo en los demás partidos, aunque algunos sí pusieron en duda la actual división de poderes y la neutralidad de los órganos judiciales por distintas razones.
Carla Antonelli, de Sumar, rechazó con vehemencia la propuesta del PP y la interpretó como “un intento de derribar al Gobierno y ganar en los despachos lo que no se ganó en las urnas”. El portavoz del PNV, Igotz López, reconoció los problemas casi históricos de independencia de todos los fiscales generales del Estado, pero como una carencia “estructural” y no específicamente del actual.
El representante de Junts, el veterano Josep Lluís Cleríes, también elevó el pistón para apuntar contra “una democracia plena de irregularidades”. Pero a continuación cargó no contra García Ortiz sino contra el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, por sus posiciones actuales, pasadas o futuras; también reprobó “el golpe del PP de Mariano Rajoy” y la intervención de Cataluña con el artículo 155 de la Constitución en 2017. Cleríes, en todo caso, dijo tener claras las verdaderas intenciones de la propuesta del PP: “Nos lo ponen muy difícil, del mal el peor, y en una situación como esta lo mejor es abstenerse”, afirmó. Es lo que hizo Junts en la votación.
El portavoz del PSOE, José María Oleaga, enumeró de entrada un catálogo sucinto de casos de corrupción que han afectado al PP, y concluyó con su hipótesis de por qué ese partido manifiesta de forma tan insistente lo que él calificó como “inquina y odio” contra García Ortiz, Dolores Delgado y el ministro Félix Bolaños (de los que elogió sus “brillantísimos” currículos). Oleaga sostiene que el PP ha puesto en su diana política a Delgado y Bolaños porque en su día fueron la ministra y el secretario de Estado que “sacaron a Franco de su mausoleo” en el Valle de Cuelgamuros, antes llamado de los Caídos. Respecto a García Ortiz, piensa que no le perdonan que fuera el fiscal del caso Prestige, aunque cuando asumió aquella responsabilidad en Galicia evitó acusar a nadie de la Administración, incluidos los cargos del PP.
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