El Partido Nacionalista Vasco aprieta al Gobierno para que haga cambios importantes en el marco laboral español. Ha introducido dos enmiendas en el Congreso que, de aprobarse, harían que los convenios provinciales y autonómicos tengan prioridad sobre los estatales en materias tan relevantes como el salario, la distribución de la jornada, las vacaciones o el horario. El Ejecutivo ya había aceptado dos veces, a instancias del PNV, incluir la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal siempre que su regulación supusiera una mejora de las condiciones. Primero fue en el borrador de la reforma laboral en 2021, pero entonces la resistencia de la patronal y UGT hizo que se suprimiera. Y la segunda vez fue en la reforma del subsidio por desempleo, cuyo decreto fue tumbado por la oposición y Podemos en su tramitación parlamentaria el pasado enero. Sin embargo, el PNV ha ido ahora varios pasos más allá: ha añadido en las enmiendas que también tengan prioridad los convenios provinciales, lo que supondría una mayor atomización de las negociaciones y llevaría de nuevo a la situación de los años noventa, cuando la conflictividad era más acusada. Y en una de sus dos enmiendas incluso establece que se podrían empeorar las condiciones laborales de los convenios estatales.
El Ejecutivo ya pactó con el PNV en el acuerdo de investidura que se aprobase la prevalencia de los convenios autonómicos siempre que mejorasen las condiciones. Pero una parte del Gobierno se resiste a que se sumen ahora los provinciales. Y todo el Ejecutivo rechaza por completo que pueda aprovecharse esta regulación para deteriorar la situación del trabajador. “La negociación está siendo complicada”, admiten fuentes gubernamentales.
Los nacionalistas vascos han incorporado estas dos enmiendas en el proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores para trasponer la Directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles. Estas se registraron a finales de marzo y todavía tienen que ser aceptadas por la mayoría en la ponencia y, luego, en la comisión. Ambas tienen un texto exactamente igual salvo por una diferencia fundamental: en una dice que los convenios provinciales o autonómicos “tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que (…) su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales”. En la otra, en cambio, se elimina la mención a esa regulación más favorable. Es decir, los convenios autonómicos o provinciales podrían empeorar las condiciones puestas por los acuerdos sectoriales estatales.
El texto dice en las dos enmiendas: “En el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos (…) podrán negociar acuerdos y convenios colectivos de carácter provincial o autonómico así como acuerdos interprofesionales que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal”. Se dejan fuera de esta prevalencia hasta seis materias que no podrán ser controladas por los convenios autonómicos o provinciales: “Las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica”. Estas seguirán rigiéndose por acuerdo sectorial estatal como ya se prevé en la ley. Pero no sucedería así con los salarios, los horarios o la distribución de la jornada. Esto implica que una empresa podría acabar pagando distinto según la provincia. Ya puede ocurrir a veces cuando no hay acuerdos sectoriales para todo el territorio. Pero si se aprueban estas modificaciones, cualquier convenio de una provincia pequeña podría hacer un agujero o influir en el marco nacional. Y aumentarían mucho las probabilidades de que una empresa implantada en todo el territorio se vea obligada a tener condiciones diferentes por provincias.
Las patronales consideran que en general se generaría una situación difícil de sostener. La unidad de mercado es una demanda constante de las empresas para garantizar su competitividad. Y la literatura económica establece que los sistemas de negociación colectiva más exitosos deber ser o bien centralizados a nivel estatal, como es el modelo de los países nórdicos, o bien situados a nivel de la empresa, como sucede en los países del Este.
Los sistemas ordenados por acuerdos nacionales permiten que se pueda orientar una economía desde ese puesto de mando. En España, un caso es el acuerdo nacional de moderación salarial de 2012, al que se atribuye que contribuyó a contener la intensa destrucción de empleo que ocurrió entonces. Otro ejemplo es el reciente acuerdo salarial que firmaron patronal y sindicatos para ir poco a poco recuperando poder adquisitivo sin alimentar una espiral inflacionaria. Por su parte, los convenios de empresa tienen la ventaja de brindar mucha flexibilidad a las compañías para adaptarse a sus circunstancias particulares. Lo que no se considera óptimo es un esquema como el de España, donde se solapan varios niveles regionales intermedios. Organismos como la OCDE o el FMI han criticado esta estructura.
En la actualidad, cerca de la mitad de los trabajadores con convenio en España están afectados por acuerdos provinciales, un nivel que según los economistas puede erosionar la unidad de mercado. En un núcleo local pequeño puede haber condiciones muy distintas a las de otros próximos. Puede incluso darse el caso de que una empresa domine el convenio provincial y ponga condiciones que impidan la entrada de competidores. O que una compañía tenga que cumplir con hasta una decena de convenios provinciales.
Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT, no entra a valorar la prevalencia de los convenios autonómicos, pero se muestra en contra de que estas modificaciones se legislen al margen de los agentes sociales porque es una materia que está en el ADN del diálogo social. Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de acción sindical de CC OO, comparte la crítica de que se esté negociando sin contar con los interlocutores sociales. Sin embargo, es partidaria de abrir el debate sobre estos cambios. Considera que hace falta racionalizar los numerosos convenios provinciales que existen porque no en todos se ejerce una capacidad de negociación real. A su juicio, la solución a esto pasa por reforzar los autonómicos: “Hay muchos y están funcionando muy bien”, concluye. Si bien matiza que también se necesitan los estatales.
Jesús Lahera, catedrático de la Complutense y consultor de Abdón Pedrajas, explica que el ámbito provincial de negociación ya predominaba en los noventa y se fue abandonando. Sostiene que estas enmiendas debilitarían la capacidad que tienen los convenios sectoriales estatales de ordenar la estructura negociadora y “puede tener una enorme trascendencia en los salarios, que dejarían de ser guiados desde arriba”. “La reforma abre un boquete para que cualquier convenio provincial actúe por su cuenta escapando de la ordenación estatal. Este modelo ya tuvo muchos años de práctica con resultados insatisfactorios y presenta riesgos para la unidad de mercado, la competencia y de desórdenes laborales locales”, señala.
Fuentes de la patronal creen que estos cambios serían desleales con la reforma laboral aprobada en 2021. Entonces ya se debatió y se decidió desecharlos. Se romperían los equilibrios que se alcanzaron con ese pacto, afirman. Y previsiblemente tampoco le gustaría a la Comisión Europea, pues podría ver esta iniciativa como una quiebra de la unidad de mercado y una modificación por la puerta de atrás de la reforma laboral, por la que el Gobierno español ha recibido fondos comunitarios.
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