Determinados asuntos elevan su temperatura cuanto más cerca están de unas elecciones. El encaje de Gibraltar en la era post-Brexit es uno de ellos. La posibilidad de que el Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) conserve un papel de supervisión en la aplicación futura de las normas comunitarias en el Peñón ha disparado las alarmas entre los diputados conservadores británicos más antieuropeos. El Gobierno de España, con un papel determinante en estas negociaciones, quiere cerrar el nuevo tratado sobre este territorio entre el Reino Unido y la Unión Europea antes de las elecciones europeas de junio. Downing Street persigue evitar que la discusión emponzoñe los meses previos a las elecciones generales, previstas para el próximo otoño. El Gobierno de Gibraltar necesita un marco claro de actuación que le saque del limbo en el que le introdujo un Brexit que su población rechazó mayoritariamente.
En el momento más delicado, apenas dos semanas después de que los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Cameron, se comprometieran políticamente en Bruselas a impulsar una solución inminente, los nervios han vuelto a desatarse entre los miembros del ala dura del Partido Conservador británico.
Ha ocurrido este miércoles, con la comparecencia del secretario de Estado británico para Gibraltar, David Rutley, ante la Comisión para el Escrutinio de Europa de la Cámara de los Comunes. Su propósito era informar a los diputados del avance actual de las negociaciones, pero tanto él como Robbie Bullock, el director del equipo negociador británico, acabaron enredándose en las trampas tendidas por diputados rabiosamente euroescépticos como David Jones, que en su día encabezó el Ministerio para la Salida de la UE en el mandato de la ex primera ministra, Theresa May. Los dos representantes del Gobierno de Sunak acabaron admitiendo lo obvio: los tribunales gibraltareños usarán en el futuro acuerdo, a modo de referencia o consulta, las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo (TEJ) a la hora de aplicar o interpretar normativa comunitaria, igual que ocurre en Irlanda del Norte. Y las entradas y salidas, así como el aeropuerto del Peñón, que reanudará vuelos con la UE, serán controladas por personas de Frontex, la agencia comunitaria de fronteras.
En 2020, se acordó a falta de algunos flecos aún en negociación que Gibraltar se uniría a Schengen, el espacio europeo de libre circulación que integran 26 países (22 comunitarios, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), de forma que la frontera de la colonia dejará de estar en la Verja para situarse en su puerto y aeropuerto. De este modo, quienes entren desde territorio español a Gibraltar no necesitarán pasaporte, pero sí los británicos que quieran viajar a su colonia, ya que el Reino Unido no forma parte de Schengen.
“Sinceramente confío en que el Gobierno y el ministro de Exteriores sean plenamente conscientes del hecho de que cualquier expansión, directa o indirecta, de la jurisdicción del TEJ en asuntos como los tratados por esta comisión será considerado algo muy muy grave”, advirtió a los dos comparecientes Bill Cash, presidente de la comisión y uno de los diputados conservadores que con más celo sigue defendiendo el Brexit. “Me han provocado una alarma considerable”, añadió el diputado Jones, para reforzar la tensión. “Estamos hablando de agentes extranjeros de fronteras operando en suelo británico, y de la capacidad potencial de negar a ciudadanos británicos la entrada a ese territorio”, afirmaba. “Estamos hablando de lo que, a mi juicio, es una significativa disminución de la soberanía británica con la que el Gobierno parece estar conforme, sin problemas”, añadía.
El secretario de Estado intentó calmar las preocupaciones puestas sobre la mesa por los diputados, al asegurar que “el Reino Unido solo alcanzaría un acuerdo con la UE sobre Gibraltar que dejara satisfecho al Gobierno de ese territorio, que protegiera su soberanía y que salvaguardara por completo las operaciones y la autonomía de las instalaciones militares británicas en el Peñón”.
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