Las campañas que tratan de concienciar a la población para que no arroje toallitas, compresas o bastoncillos de algodón al inodoro no surten efecto. Al menos, no en los niveles deseados, porque los datos revelan que el volumen de basura que cada año retira el Canal de Isabel II de las aguas residuales no ha dejado de crecer en los últimos años: en 2023 se contabilizaron en torno a 36.000 toneladas, 6.000 más que en 2022 y la cifra más elevada desde 2018.

La empresa pública que gestiona el servicio de agua en la región asegura que cada ejercicio separa de las aguas que llegan a sus estaciones el equivalente a cinco bolsas de basura por cada madrileño. Estas son las dimensiones de un problema que cuesta varios millones de euros. El sobrecoste anual se ha cuantificado en una cifra media de 2,2 millones para afrontar la retirada de los residuos, la mano de obra extra para la limpieza de las bombas, la reposición de las que quedan inoperativas y el incremento en la factura energética, detallan fuentes de Canal.

Pero la factura es aún mayor porque a esta cantidad hay que sumar las inversiones realizadas en las depuradoras para que estos residuos no comprometan el funcionamiento de las instalaciones, la calidad ambiental de los ríos y los ecosistemas. Entre 2021 y 2023 se invirtieron unos 9 millones en equipamiento específico para controlar estos residuos. 

La problemática asociada a estos vertidos no solo recae en el sistema de depuración, también afecta a los operarios que trabajan en él y en las redes de saneamiento. «Se ven sometidos a riesgos laborales importantes cuando tienen que desatascar conducciones, bombas u otros elementos», explican desde Canal. Para protegerles, y también para salvaguardar el propio sistema, desde la empresa pública madrileña han lanzado numerosas campañas de concienciación en el pasado -el famoso ‘monstruo de las toallitas’ es fruto de una de ellas- y de hecho ultiman una nueva para la segunda mitad de este año. 

«El problema está en origen: al inodoro se tiran residuos que deberían ir al circuito ordinario«, aseveró recientemente el consejero delegado de Canal, Mariano González, en una comparecencia en la Asamblea. Este no es un problema exclusivo de la Comunidad de Madrid ni de España, incidió González, para destacar que a su juicio necesita «una solución coral» con una labor de «pedagogía» en la que se impliquen todos los agentes que trabajan en la gestión de las aguas. «El Ministerio (de Transición Ecológica y Agenda 2030) tiene mucho que decir», aseguró el CEO de Canal, que insistió ante los diputados de la Comisión de Medio Ambiente que estamos ante «una cuestión de civismo», de cambiar los hábitos, de no utilizar el inodoro como un cubo de basura.

Las toallitas, otros elementos de higiene como compresas o tampones, los discos desmaquillantes, los bastoncillos o incluso los chicles, nunca deben arrojarse por el retrete, ni aunque en el paquete ponga que son biodegradables. «El lapso de tiempo que transcurre desde que se tira un residuo sólido por el inodoro hasta que esa agua residual llega a la depuradora no es suficiente para que se biodegraden estos residuos, por lo que las rejas y tamices de las depuradoras se convierten en auténticos paneles receptores de estos residuos urbanos», aclaran desde Canal.

Una vez retirado, el ingente volumen de basura se evacúa en camiones a los vertederos, que es el destino al que hubieran ido en un primer momento si se hubieran depositado en una papelera. Pero en este punto no hay que perder de vista que Canal solo produce alrededor del 33% de los vertidos de aguas residuales dentro de la Cuenca del Tajo.

«Hay vertidos que no pasan por depuradoras», recordó Alodia Pérez, diputada de Más Madrid en la antecitada comisión, por lo que en una parte de los residuos arrojados al inodoro que acaban en las riberas de los ríos. La parlamentaria se refirió a una situación «desastrosa» en los ríos de la Comunidad como el Jarama y Henares a su paso por San Fernando de Henares, y lamentablemente son imágenes que se repiten en el Manzanares a su paso por Rivas Vaciamadrid.

Las administraciones están determinadas a atajar este problema que crece y crece. Por eso a las inversiones en las instalaciones y las campañas de concienciación dirigidas a la población se ha sumado en los últimos años otra nueva línea de trabajo en el seno de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) en la que también están implicados los fabricantes de toallitas. 

Cambios en el etiquetado

Como el origen del problema está claro que es el vertido de residuos al inodoro cuando esto se debe evitar a toda costa, se quiere actuar sobre él. El objetivo actual es lograr que el envasado de los productos que los ciudadanos arrojan con más frecuencia al inodoro indique correcta e inequívocamente dónde deben depositarse tras su uso, un lugar que en ningún caso es el retrete. Canal lideró el grupo de trabajo cuyo esfuerzo se materializó en enero 2019 con la aprobación de la norma que fijara los criterios de aceptación de productos desechables vía inodoro, destacan desde la empresa pública.

«Establece los requisitos que permiten identificar qué productos son o no biodegradables y desintegrables y, en consecuencia, si se pueden tirar o no al inodoro», explican desde la compañía que depende de la Consejería de Medio Ambiente. «Solo el papel higiénico húmedo que supere los requisitos de esta norma podrá etiquetarse como ‘desechable por el inodoro», añaden para recalcar que por el momento, y desafortunadamente, no es de obligado cumplimiento.

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