El Juzgado de Instrucción 4 de Marbella (Málaga) ha lanzado dos órdenes internaciones de busca y captura contra Karim Bouyakhrichan, alias Taxi, considerado uno de los principales capos de la Mocro Maffia. El presunto cabecilla mafioso, uno de los delincuentes más buscados de Países Bajos e investigado en una causa por narcotráfico y blanqueo de dinero en España, está en paradero desconocido después de que fuera puesto en libertad provisional por una supuesta descoordinación entre la Audiencia Provincial de Málaga y la Audiencia Nacional. Las órdenes de arresto han sido emitidas cuando se cumplen tres semanas desde que Bouyakhrichan incumpliera, el pasado 15 de abril, la obligación de acudir a firmar cada dos semanas a un juzgado dentro de las medidas cautelares que se le impusieron cuando fue excarcelado de manera provisional. “Hemos perdido un tiempo precioso y seguro que ya está lejos de aquí”, se lamentan a EL PAÍS fuentes judiciales.
Bouyakhrichan fue detenido el 9 de enero cerca de los juzgados de Marbella, cuando según su testimonio acudía a presentarse ante la justicia. La noche anterior, el capo había conseguido escapar in extremis de un operativo policial para detenerlo que habían puesto en marcha agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional, que lo buscaban desde que un mes antes hubiera eludido una operación contra el narcotráfico en Ceuta en el que habían sido capturados dos supuestos testaferros suyos.
Tras su arresto, la Fiscalía Antidroga de Marbella solicitó su ingreso en prisión provisional y el juez de Marbella le envió a la cárcel. De manera paralela, Países Bajos envió una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para solicitar la extradición de Bouyakhrichan y poder juzgarle allí. Esta última recayó en el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que planteó entonces su entrega. Sin embargo, el juez marbellí se negó inicialmente a tramitarla al considerar que, como Taxi estaba siendo investigado también en España, el capo debía ser juzgado en España antes de proceder a su extradición.
Mientras, los abogados del detenido presentaron un recurso para que su cliente saliera de prisión por la inexistencia de “indicios racionales de criminalidad suficientes” y porque, aseguraban, no existía riesgo de fuga ya que supuestamente tenía arraigo en España. Los letrados también esgrimían que otros tres detenidos por los mismos hechos se encontraban ya en libertad. Ante la negativa del juez a excarcelar a Bouyakhrichan, presentan un nuevo recurso, este ante la Audiencia Provincial de Málaga.
El 22 de febrero, tres magistrados de la Sección Primera de la audiencia malagueña daban la razón al preso y, pese a la oposición frontal del fiscal antidroga de Marbella, Carlos Tejeda, dictaban un auto por el que ordenaban su puesta en libertad. En la resolución judicial, el tribunal admitía que existía un riesgo real de fuga, pero concluían que para evitar esta existían medidas “menos gravosas” para el reo. En concreto, le imponen una fianza de 50.000 euros, entregar su pasaporte, personarse en el juzgado más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir de España y la necesidad de que facilitase un domicilio y un teléfono de contacto. En aquella resolución, el tribunal no hacía referencia a la existencia de la OEDE enviada por las autoridades de Países Bajos.
Bouyakhrichan salía de prisión ese mismo día tras abonar la fianza y entregar el pasaporte. Inicialmente también comenzó a cumplir la medida de firmar cada 15 días en un juzgado. Eso sí, nunca lo hacía en el de Marbella en el que se le investigaba, sino en otros juzgados de la provincia, como los de Fuengirola o Rincón de la Victoria. Aquella excarcelación ya provocó malestar en la Policía. “Nos sorprendió que pusieran en libertad a un delincuente de esta envergadura. Tiene un imperio en el que mueve mucho dinero y eso le da poder. Una fianza de 50.000 euros es calderilla para él”, señalaban hace unas semanas a EL PAÍS agentes que participaron en las pesquisas que desembocaron en su arresto.
Su puesta en libertad también provocó la reacción de las autoridades judiciales holandesas, que enviaron a la Audiencia Nacional una ampliación de la OEDE en la que hacían hincapié en la urgencia de que el presunto capo de la Mocro Maffia fuera entregado por la gravedad de los delitos que se le atribuían en aquel país. El juez de la Audiencia Nacional decidió el 15 de marzo reactivar la orden de detención y citar al presunto mafioso para informarle de la petición de Países Bajos. Nunca llegó a comparecer. La última firma que Bouyakhrichan hizo en un juzgado en cumplimiento de las medidas cautelares que le habían impuesto fue el 1 de abril. A mediados de ese mes ya no acudió hacerlo. Desde entonces se desconoce su paradero.
Ahora, tres semanas después de incumplir las medidas cautelares, el juzgado ha dictado dos requisitorias para impulsar su búsqueda. Por un lado, una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y, por otra, una Orden Internacional de Detención contra el prófugo. Fuentes judiciales explican que la medida ha tardado porque debían comprobar primero que el fugado no había firmado en ningún juzgado de España, ya que la medida cautelar no le obligaba a hacerlo en ninguno en concreto. Otras fuentes judiciales señalan que esta medida, en casos de individuos potencialmente peligrosos como el capo de Mocro Maffia, debía haber sido más restrictiva y que, en lugar de firmar cada 15 días, como le fijó la Audiencia de Málaga, lo hubiera tenido que hacer cada semana.
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