“Probablemente en estas elecciones ocurra algo que hace muchos años que no pasa: un desempate en este empate técnico que hay en el mundo independentista y que nos ha paralizado”. El expresident y candidato de Junts, Carles Puigdemont, planteaba así, al inicio de la campaña, su lectura personal de los resultados del independentismo el 12-M. Y pese a que las encuestas parecen auparlo, nada hace pensar que las urnas resuelvan ese contencioso abierto tras el fiasco de 2017, después del referéndum ilegal del 1 de octubre y la suspendida declaración unilateral de independencia.
Con el “empate técnico”, Puigdemont se refería a la pequeña diferencia en votos que ha separado a su partido de Esquerra Republicana en las dos últimas elecciones al Parlament y que él ansía ensanchar considerablemente el domingo. En diciembre de 2017, con el récord de participación en unos comicios catalanes (79%), Junts se impuso por 12.372 sufragios y dos escaños a los republicanos, con Ciudadanos como fuerza ganadora. En febrero de 2021, cuando el PSC se alzó con el primer lugar, los del actual president Pere Aragonès se adelantaron por 35.024 votos y un diputado de más a Junts, aunque con la abstención en su máximo registrado (48,7%) a causa de la pandemia.
Esos resultados, acompañados de una mayoría absoluta independentista en la Cámara, es lo que ha permitido que la coalición de Junts y ERC haya retenido el poder de la Generalitat, alternándose la jefatura del Govern. Seis años en los que los llamamientos a la unidad independentista en público y los continuos roces en el Palau se alternaban con los reproches sobre a quién le habían temblado más las piernas en 2017 y calificativos como “traidor” hacia Esquerra por su apuesta la vía del diálogo y la negociación.
Ese enfrentamiento sin cuartel solo se justificaba entonces por la primacía del independentismo en las instituciones y tuvo su momento cumbre en octubre de 2021, cuando Junts rompió el Govern y Esquerra optó por mantenerlo en solitario pese a solo tener 33 de 135 diputados. La política catalana es prolija en giros de guion y uno de los más sorprendentes llegó el pasado mes de septiembre, cuando el propio Puigdemont desde Bruselas, donde buscaba evitar la acción de la justicia española, se abrió a pactar la investidura de Pedro Sánchez, aparcando así la visión más confrontadora en su búsqueda por la secesión.
Semejante historial de desencuentros hace muy difícil que el veredicto de las urnas del domingo pueda leerse con la claridad que Puigdemont reflejó en su entrevista al diario Ara. No solo por cuestiones de política autonómica. ERC y Junts ya hacen del carril de la negociación con el Gobierno también un escenario para su agotadora competición y sus caminos para lograr el referéndum son bastante similares, con la condición de árbitros en el Congreso como principal palanca para avanzar. Otra cosa es la retórica con que cada uno quiera adornarlo. En Cataluña, el apoyo al independentismo sigue siendo considerable pese al descenso en puntos como la simpatía por el llamado “Estado propio”. El último CIS catalán mostró un empate, al 31%, en los ciudadanos que prefieren que Cataluña sea una comunidad autónoma y los que quieren una nación independiente.
En esa lucha interna también encaja que la campaña de Puigdemont haya querido poner el acento en la necesidad de recuperar un liderazgo supuestamente perdido en lugar de responder a la pregunta de cómo lograr culminar el procés independentista. “El referéndum ya lo hemos hecho, la declaración de independencia ya la hemos hecho. Hoy el análisis de fortalezas y debilidades es mucho más profundo y contrastado que en octubre desde 2017″, reflexionó Puigdemont el pasado 3 de mayo, preguntado en una rueda de prensa sobre cómo pensaba lograba llegar a la existencia del Estado catalán. “Me comprometo a reunir a todo el independentismo en una sola mesa”, apostilló.
Esquerra no compra los cantos de sirena de unidad que le plantea Puigdemont cada día y desde sus filas recuerdan que, ya para las elecciones de 2017, hicieron la digestión que tocaba y, ante el fracaso del embate unilateral, apostaban por la estrategia de ampliar su base y forzar mediante su influencia en el Congreso el camino al referéndum. Aragonès fue especialmente duro el pasado miércoles, después de que el socialista Salvador Illa asegurara en una intervención en La 2 que desde Junts le habían sondeado para intentar desplazarlo de la presidencia. “No es aceptable que nos hablen de unidad los que por la puerta por detrás querían pactar una moción de censura contra otros independentistas”, dijo el republicano en un mitin en Tortosa. “La unidad no es abandonar al Govern cuando estamos atravesando una pandemia”, remachó.
Si de por sí un nuevo Govern de coalición de ambos partidos independentistas partiría con una credibilidad cercana a cero, también es necesaria una aritmética que de momento no está garantizada. Los Ejecutivos independentistas han sido posibles gracias a que Junts, ERC y CUP han superado los 68 escaños de manera conjunta. Según cálculos de este diario, teniendo en cuenta la media de las encuestas publicadas hasta el pasado lunes, esa suma solo sería posible contando los tres escaños del partido xenófobo independentista Aliança Catalana. De lo contrario, solo reunirían 65 escaños.
Esto le abre una posibilidad a Illa para llegar a la presidencia, pero un pacto bien sea de la mano con Junts o mediante un tripartito con ERC y Comuns Sumar es aún hoy un arma arrojadiza entre secesionistas, que ven en ese acuerdo una claudicación real al pulso independentista. Pero republicanos, anticapitalistas y los de Junts han rechazado la posibilidad de contar con Aliança, la formación de Sílvia Orriols, para llegar a pactos, pero no se puede pasar por alto que en investiduras y conformaciones de Govern los votos pueden ser gratis. La mayoría del movimiento independentista siempre ha intentado aislar a la vertiente de extrema derecha, un trabajo que resultaba fácil al tratarse de corrientes minoritarias.
Pero aun si se cumplieran los pronósticos más halagüeños y no fueran necesarios los votos del partido de Orriols, será muy difícil leer los resultados del bloque independentista en términos de proyecto. La unidad, o mejor la imposibilidad de alcanzarla, fue precisamente lo que catalizó el fin de la coalición de Govern la pasada legislatura. En una constante dentro de los independentistas, quien ha tenido la primacía bien sea en una institución o tras una contienda electoral le ha negado al otro cualquier tipo de cesión.
Tras el fiasco de 2017, los republicanos no tardaron en recalcular su rumbo, aparcando la unilateralidad y madurando propuestas como el llamado Acuerdo de Claridad, una hoja de ruta que recoge las experiencias de los referéndums de Quebec y Escocia para intentar pactar unas condiciones con el Estado para la eventual celebración de la votación. Junts da por hecho que logrará arrancar el referéndum a Sánchez —incluso aboga por la misma que ERC, el artículo 92 de la Ley Fundamental— aunque de momento da prioridad a su propuesta de financiación de que la Generalitat recaude todos los impuestos. Una idea que también Aragonès promovió antes de la convocatoria y Junts recibió con frialdad. La CUP, por su parte, pide una mesa de todos los independentistas y que se abandone el pájaro en mano en el Congreso.
¿Y si sigue el “empate técnico”? Todo depende de qué formación gane en el bloque independentista, a qué distancia y si hay algún Govern. Hay en las filas de Junts quien ve en el bloqueo y la repetición una oportunidad de oro para enterrar a los republicanos, aunque Puigdemont dijo que marcharía si no era president. En ERC tendrán que gestionar dos impulsos: perder el poder y sus mieles, como los 365 altos cargos del Govern, o iniciar una larga travesía en el desierto.
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