El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se ha propuesto endurecer los requisitos para abrir nuevas universidades privadas, que no paran de expandirse por toda España, triplicando su número y cuadriplicando sus alumnos desde 2000. Para ello propuso este martes a una comisión de seis rectores ―entre ellos la rectora del CEU y el de la Ramón LLul, católicas―modificar el decreto de creación y reconocimiento de universidades aprobado en 2021, siendo ministro Manuel Castells. Este fuerza a los campus a cumplir unos requisitos mínimos de calidad del profesorado, instalaciones o tamaño. La idea es, en palabras del departamento, “fortalecer los requerimientos exigibles en el terreno de la docencia, de la investigación, de la disponibilidad de recursos económicos iniciales, o de la dotación de equipamientos e infraestructuras”. Se contempla la idea de que los dueños de los nuevos centros tengan experiencia previa en el sector, no sean unos meros inversores.
En un encuentro reciente con la prensa, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, reconoció que había que “ser más exigentes a la hora de aceptar la creación de una universidad en nuestro país”, porque “los campus son docencia, pero también son investigación, innovación y transferencia de conocimiento”. En esos tres últimos objetivos tienen mucho camino que recorrer las 43 privadas: solo aparece en el ránking de Shanghái, muy centrado en la producción científica, la Universidad de Navarra, mientras que 37 de los 50 campus públicos se sitúan entre los 1.000 mejores del mundo.
Los números del informe ministerial Datos y cifras del sistema universitario español 2022-2023, pertenecientes al curso pasado y difundidos esta semana en su web, presentan un panorama sombrío para los campus públicos, que han perdido desde 1999 a 185.000 matriculados. Mientras, los privados acogen a uno de cada cuatro inscritos en grado, han cuadriplicado sus alumnos (de 102.500 a 420.000) y están a punto de superar a la pública en estudiantes de máster ―concentraba el curso pasado a casi la mitad (49,5%)―. No es que los jóvenes españoles desprecien la pública, sino que la privada se está expandiendo en los grados saturados. Y por lo general sus matriculados aprecian su docencia. La encuesta Experiencia del estudiantado en el sistema universitario español, del laboratorio de ideas Espacios de Educación Superior (ESdeES), refleja que los estudiantes de estos centros privados valoran más las prácticas, las tutorías, el trato del profesor y las instalaciones que los de los centros públicos.
Actualmente hay al menos nueve proyectos de universidad en marcha en seis comunidades gobernadas por el PP. El papel del Gobierno central es complicado, porque legisla ―en 2021 un decreto estableció que en cinco años todas las universidades deberán cumplir unos parámetros mínimos de calidad mínima o tendrán que cerrar―, pero son los ejecutivos autonómicos los que autorizan o no los campus y los que financian ―en general escasamente― a los públicos. Al ministerio le preocupa que se rompa el sistema español, que es muy homogéneo, y ocurra como en Estados Unidos, que tiene 187 universidades entre las 1.000 mejores del ranking Shanghái, pero centenares de campus que en España no pasarían la criba. Unas 4.500 instituciones en EE UU ofertan educación superior (no todas son universidades, hay institutos técnicos).
Canarias tramita en estos momentos una universidad que solo reservó un 4% de plazas para estudios oficiales. Pero tanto el Gobierno local (Coalición Canaria y PP) como sus dueños, aseguran que cumplirán el decreto del ministro Manuel Castells de 2021, que fuerza a tener al menos un 50% de alumnos de grado, estudios en tres áreas de conocimiento, escuela de doctorado (solo un 8,2% de los doctorandos están en campus privados) o un 50% de profesores doctores. Además de invertir un 5% en investigación. A juicio del equipo de Morant, hay que dar un paso más. Hace dos años el extinto Ministerio de Universidades calculó que entre cinco y diez centros estaban en riesgo de cerrar si no mejoraban su calidad.
La universidad privada oferta muchas titulaciones con enorme demanda, que se llenan en la pública y a juicio de los colegios profesionales están pasando factura en algunas profesiones. Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España (Colvet), se lamentaba hace poco en EL PAÍS: “El mercado no es capaz de absorber a todos los graduados y eso provoca que las condiciones laborales sean peores”. Los veterinarios, que pueden estudiar en 15 facultades ―dos privadas acaban de abrir el grado―, tienen el peor sueldo de España a los cuatro años de titularse (22.838 euros brutos).
Las mismas quejas se repiten en el caso de Fisioterapia, que gradúa a 1.000 profesionales más ahora que en 2015. “Las autoridades deberían estudiar las necesidades del mercado y el número de egresados antes de autorizar un grado en las universidades públicas y privadas. Formar estudiantes no resulta barato [en torno a 7.000 euros al año las prácticas] y no garantizarles empleo digno es éticamente inadmisible”, argumentó a este diario el pasado año la Asociación Española de Fisioterapeutas. Aunque la AEF también cree que se necesita contratar a muchos más fisioterapeutas en la sanidad privada.
Esta saturación, aunque con déficits en el sistema público, se percibe también en el caso del grado de Psicología, donde las públicas se han sumado a la ola de la carrera de moda, alimentando la precariedad. “Las universidades han respondido a la preferencia de los alumnos, pero en el mercado laboral se ha generado una cierta atomización y un preocupante crecimiento en las tasas de desempleo debido a la elevada competitividad”, alertaba la Fundación Conocimiento y Desarrollo en un informe. La carrera de Odontología lleva ese camino. Ya hay dentistas mileuristas.
En otros casos, la expansión de la privada no precariza el empleo porque faltan profesionales. Ocurre en Medicina y Enfermería. Pero se produce también choque de trenes ―especialmente en Madrid―, porque compiten entre facultades por las prácticas en hospitales públicos y casi no hay espacio ni profesores para todos. Estudiar Medicina en la privada cuesta hasta 22.000 euros al año y la pública recibe unas 13 peticiones por plaza, por lo que muchos temen que el avance de la privada lo convierta en un grado solo para ricos. Fue uno de los motivos que llevaron al Gobierno central a financiar este curso 700 nuevas plazas en la pública.
Los inscritos en grados de Ciencias de la Salud (30% del total) y de Ciencias Sociales (30,5%) suben la media de alumnado en la privada, que no presta mucha atención a las carreras de ciencias (4%), Ingenierías (14,9%) o Artes y Humanidades (13,8%), en las que no hay tal furor de acceso. Pero si las tornas cambian y surge la demanda ―asociada a un nuevo nicho de empleo―, pronto reaccionan y ofertan títulos muy atractivos y más rápido que en la pública (en ambos casos los trámites de acreditaciones se eternizan). Ahora está ocurriendo con los grados y másteres que forman matemáticos o expertos en inteligencia artificial. Las públicas, como servicio público, tienen que ofrecer también titulaciones no tan demandadas (Historia, las filologías, Geología), pero que sustentan los cimientos intelectuales de un país.
La proliferación de tantas universidades ―no se ha abierto ninguna pública desde 1998, la Politécnica de Cartagena― preocupa a los dirigentes de las privadas con solera, que fuera de foco reconocen que “hay que hacer algo”. No les inquieta tanto que se conviertan en competencia ―como el resto de campus, suelen oponerse a la creación de nuevas en los órganos consultivos autonómicos―, sino porque temen que la escasa calidad de algunas de las conocidas como “universidades chiringuito” o “universidades garaje” hunda el prestigio de todo el conjunto.
La educación superior es un negocio tan jugoso que es difícil pensar que, pese al descenso demográfico, se frene su expansión. Dos ejemplos. El 70% de la Universidad Europea se acaba de vender por 2.200 millones de euros a un fondo de inversión, cuando costó 770 a otro en 2018. O el accionista mayoritario de la Universidad Alfonso X, según la agencia Bloomberg, planea deshacerse de su parte por 2.000 millones.
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