Cinco años y medio después de que decayera su mandato, con al menos cuatro intentos fallidos de renovación en los que el PP se echó atrás en el último momento, la situación es tan insostenible que el Gobierno se agarra ya a cualquier movimiento para intentar que los populares hagan caso a todos los organismos que tienen algo que ver en esta cuestión y pacten un nuevo Consejo General del Poder Judicial. Ni siquiera la mediación europea que pidió el PP ha servido de momento para ablandar la resistencia de Alberto Núñez Feijóo, pero el Gobierno aún confía en algún movimiento de última hora que haga posible el desbloqueo antes de pensar en otro tipo de soluciones drásticas, esto es reformas legales para poder renovar sin contar con los populares.
La carta que envió este marte el presidente del CGPJ, el conservador Vicente Guilarte, al Congreso, al Senado y al Gobierno para concretar su propuesta alternativa de renovación, un plan que avanzó el pasado diciembre, en una tribuna en EL PAÍS, y que pasa por una reforma legal que reste atractivo al CGPJ como instrumento político de los partidos, sirvió para que el Ejecutivo redoblara la presión al PP a través de su principal negociador, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En la carta, Guilarte habla en términos especialmente dramáticos del inédito retraso en la renovación ―el récord anterior estaba en casi dos años, también con el PP en la oposición― y este tono fue utilizado por Bolaños para mostrar que todas las instituciones implicadas están señalando que el bloqueo de los populares es inasumible.
Fuentes del Gobierno señalan que de momento, el Ejecutivo sigue optando por la presión por todas las fórmulas posibles, usando no solo a la Comisión Europea, que ha mostrado su malestar por el retraso en las negociaciones y que ha visto como su tarea de mediación ha sido inútil en los dos plazos que ella misma se fijó ―primero marzo y después abril― sino también al propio Guilarte, que amenaza con dimitir en julio, e incluso a los jueces conservadores, que a través de la Asociación Profesional de la Magistratura han vuelto a reclamar una renovación urgente.
Bolaños dijo expresamente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que él aún “confía en el acuerdo” y no quiere “hablar de posibles planes B en el caso de que el PP decida no cumplir con la Constitución”. Esto es, planteó la idea de que podría haber un plan B, aunque fuentes del Ejecutivo insisten en que no es inminente. La posibilidad de recuperar la reforma que se presentó en 2021 con la que se permitiría una renovación del CGPJ por mayoría absoluta del Congreso, y no de dos tercios como está ahora, dejando así fuera al PP, parece muy lejana, porque el varapalo que se llevó el Ejecutivo entonces de la Comisión Europea le hizo retirarla. Pero el Gobierno se muestra abierto a estudiar otras fórmulas, incluida la que plantea Guilarte, que implica retirar al órgano su principal competencia, que son los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial; de esta forma, augura, los partidos tendrían menos interés en controlar el CGPJ y no pondrían tantos problemas para su renovación.
En la carta, Guilarte explica su idea: que los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y de sus salas no sean elegidos directamente por el CGPJ, como hasta ahora, sino por los propios miembros de esas salas o tribunales (como se elige ya a los jueces decanos de cada partido judicial); a los del Supremo, por su parte, los elegiría un tribunal, dependiente del CGPJ, integrado por magistrados de la sala a la que aspire el candidato, vocales del Consejo y “profesionales cualificados” de la especialidad de la que se trate. La idea, según el presidente, es “objetivar” la designación de estos puestos para “disipar” la “eventual contaminación política derivada de la que se pueda atribuir a quienes hasta ahora los designaban”. “Ello refuerza sin duda la constitucionalidad de la fórmula”, sostiene.
“Agradezco al señor Guilarte su compromiso por recuperar la normalidad, es una aportación positiva al debate”, aseguró Bolaños. “Lo fundamental es el clamor que existe en la justicia para que se renueve el Poder Judicial. La asociación conservadora, la carrera judicial casi en su totalidad lo están pidiendo. Ahora también lo dice la Comisión Europea, que ya sabe de primera mano cuál es el problema”, insistió apuntando al PP. “El dilema del PP es decidir si quiere la renovación o está por la descomposición total del CGPJ”, remató. “Nosotros aceptamos negociar en Bruselas porque lo pidió el PP, asumimos el dónde, con quién, y cuando que propusieron. Y ahora La Comisión Europea no tiene duda de quién es el responsable del bloqueo y participa del clamor para que se renueve”, insistió el ministro.
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