El Gobierno de Murcia ha dado este miércoles el primer paso para modificar la ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, tal y como había exigido desde el comienzo de la legislatura Vox, que gobierna en coalición con el PP en la comunidad autónoma. Desde la campaña electoral de las autonómicas de mayo de 2023, los de Santiago Abascal habían hecho bandera de su intención de cambiar esta norma, que fija diversas limitaciones a la actividad agrícola y ganadera en la zona para reducir los vertidos contaminantes.
Hasta el pasado mes de abril, los populares habían repetido hasta la saciedad que no darían “un paso atrás” en la protección de la laguna salada. Pero cuando Vox llevó a la Asamblea Regional su propuesta para cambiar la ley, los de Alberto Núñez Feijóo dieron un giro a su discurso proponiendo crear una comisión para elaborar una nueva norma desde cero. El pleno del parlamento autonómico ha dado este miércoles luz verde a la puesta en marcha de esa comisión con el voto favorable de los dos socios de Gobierno. Podemos ha votado en contra y los socialistas se han ausentado del debate, molestos porque no se admitió incluir una enmienda que habían propuesto.
Comienza así la andadura para elaborar una nueva ley que sustituirá a la actual, que se aprobó el 22 de julio de 2020 y logró un amplio consenso de la Cámara: 39 de los 45 diputados votaron a favor (los de PP, PSOE y Ciudadanos), y solo 6 —los cuatro representantes que tenía entonces Vox y los dos de Podemos— lo hicieron en contra. La iniciativa que se ha aprobado este miércoles contempla que la Comisión de Asuntos Generales del parlamento regional llame a comparecer a representantes de organizaciones agrarias, ayuntamientos de la cuenca vertiente del mar Menor, asociaciones de promotores inmobiliarios, cofradías de pescadores, grupos ecologistas, científicos, asociaciones vinculadas al sector del turismo y al Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo, ha explicado el diputado del PP Joaquín Segado, es que todos ellos puedan hacer aportaciones para mejorar la ley actual y que los grupos parlamentarios, “sin condiciones, sin textos previos”, consensúen una norma en base a las recomendaciones de todos esos expertos. “Hoy no estamos modificando ninguna ley, estamos decidiendo si escuchamos para mejorar una norma”, ha subrayado, y ha insistido en que no es momento aún de debatir “qué cambios hay que hacer” en la normativa actual, porque esa decisión se deberá tomar en base a las recomendaciones de los especialistas que pasarán por la comisión.
La diputada de Podemos María Marín le ha echado en cara que todos estos expertos ya pasaron también por la Asamblea Regional cuando se redactó la ley actual. “¿No les escucharon entonces?”, se ha preguntado, al tiempo que ha recordado que su partido fue contrario a esta ley desde un primer momento porque la considera “absolutamente insuficiente”. La formación morada tiene registrada en el Parlamento murciano una proposición para cambiar esta ley en base a dos ejes, según ha explicado la diputada: reforzar la protección ambiental de todo el entorno del mar Menor, y “dotar de un fondo histórico de compensación a agricultores y ganaderos” para que puedan adaptar sus explotaciones, en la línea de las ayudas que se han articulado en Doñana. “Incentivos en lugar de restricciones”, ha remarcado, porque, ha dicho, “el sector primario debe ser parte de la solución”.
Desde Vox, el diputado Antonio Martínez Nieto ha recriminado a su socio de Gobierno que no votara a mediados de abril a favor de su propuesta de reforma de la ley a pesar de estar de acuerdo en que no funciona y no ha servido para mejorar la situación de la laguna porque “todas sus patas están quebradas”. El resultado, ha dicho, solo supone “retrasar” la puesta en marcha de una nueva norma, pero ha reconocido que la comisión que hoy se ha aprobado supone “dar el paso para desmontar” la ley actual, que ha tachado de “obsoleta” y “fundamentada en una acusación falsa”, refiriéndose a la idea rechazada por agricultores pero compartida por la mayoría de expertos de que los vertidos agrícolas son los principales causantes de la contaminación de ese entorno.
Con la creación de la comisión que se ha aprobado este miércols, comienza el trámite para redactar una nueva ley, que se demorará meses. La ley en vigor se aprobó el 26 de diciembre de 2019 a través de un decreto ley del Gobierno regional, y fue convalidado por la Asamblea Regional el 10 de enero de 2020, cuando se acordó también que se tramitaría como proyecto de ley para poder incorporar enmiendas y aportaciones de los grupos parlamentarios, por lo que su aprobación definitiva no se produjo hasta seis meses después.
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