Que Correos sustituya a los bancos en aquellas áreas rurales en las que no haya oficinas de entidades financieras. Esta es una de las principales soluciones que el Defensor del Pueblo propone para combatir la exclusión financiera en la áreas menos pobladas de España ante el cierre masivo de oficinas de los últimos años.
En un informe para analizar el problema titulado «Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables» -la institución ha recibido 3.475 quejas sobre la cuestión en la última década-, el Defensor del Pueblo ha identificado varios sectores de la población con mayor riesgo de exclusión financiera. Según sus conclusiones, estos colectivos son las personas mayores -por las barreras que afrontan para cobrar su pensión en cheque o en metálico, las comisiones asociadas al mantenimiento de sus cuentas, la eliminación de los pagos por caja en oficinas, la desaparición de las libretas de ahorro, las dificultades para ser atendidos presencialmente y la reducción de servicios en algunas entidades-; los extranjeros -por las dificultades para abrir y mantener cuentas bancarias-; los habitantes del mundo rural y la España vacía -por el imparable cierre de sucursales bancarias-; las personas con discapacidad -por los obstáculos arquitectónicos en las sucursales y por otros problemas vinculados a la accesibilidad universal-, y colectivos vulnerables afectados por la brecha digital.
Recomendaciones
Para evitar la exclusión financiera de estos colectivos, el informe propone 32 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al Banco de España, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a la Sociedad Correos y Telégrafos.
Para empezar, entiende que se deben declarar «servicios económicos de interés general» la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básicas, la retirada de efectivo y operaciones de pago en la Unión Europea, la realización de movimientos bancarios y la retirada de efectivo.
Por lo que se refiere a la paulatina desaparición de oficinas bancarias en núcleos rurales y en la España menos poblada, el documento registrado hoy en las Cortes considera que «el proceso de cierre de la última sucursal o del último cajero de una población requiere de un riguroso análisis de impacto y de la proposición de alternativas para evitar que los ciudadanos queden desasistidos sin poder hacer uso de servicios bancarios». En esta línea, también aconseja «asegurar que el despliegue de la red de oficinas con asistencia presencial y cajeros salvaguarde la competencia entre las entidades, fomentando modelos de gestión multimarca allí donde la concurrencia de los operadores económicos no la garantice». Asimismo, insta a crear «un grupo de trabajo con Correos para ver la viabilidad de que este organismo público preste servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, y la posibilidad de reproducir ese modelo de agencia con otras entidades con características y niveles de implantación territorial similares».
Cuentas corrientes
En relación a las cuentas de pago básicas, la institución ha detectado que, a pesar de que la normativa establece que su acceso constituye un derecho universal, «no alcanzan a todos aquellos que las necesitan». Por ello, ha formulado varias recomendaciones para mejorar su publicidad entre los colectivos vulnerables y para establecer un proceso más ágil de reclamación ante la denegación de este tipo de cuentas.
Para la institución también es necesario mejorar la protección de los clientes bancarios e insta a reforzar al Banco de España con normas que le den mayor autoridad en defensa de los usuarios de servicios financieros. El análisis apuntan también a que la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, cuyo estatuto está actualmente discutiéndose en las Cortes, tenga un papel reforzado, resolutivo y complementario con el del Banco de España.
Apela igualmente a las entidades a prevenir y superar los factores que conducen a la exclusión financiera por lo que ha elaborado también, con carácter complementario, ocho propuestas dirigidas a las entidades bancarias, que van a hacer llegar a las tres patronales del sector (AEB, CECA y UNACC). Entre ellas destaca el refuerzo entre las plantillas del conocimiento de la legislación de igualdad de trato y contra la discriminación, que se refuercen los procedimientos de gestión internos para evitar la denegación verbal de solicitudes de apertura de cuentas de pago básicas y que la acreditación documental resulte «exorbitante».
