Garantizar la competencia entre operadores, incluso en las zonas despobladas, declarar la operativa bancaria básica como servicio económico de interés general y mantener oficinas y cajeros en aquellas zonas donde se considere necesario por motivos geográficos u otras razones. Estas son algunas de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo plasma en su último informe Retos de la inclusión financiera, publicado este jueves en plena tormenta por la opa hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Sabadell, que dejaría a la entidad de origen bilbaíno como la única con oficina bancaria en hasta 48 códigos postales.
Aunque la bancarización en España sea casi total —el 98% de los adultos son titulares de una cuenta—, como en el resto de las economías desarrolladas, todavía hay colectivos que no cuentan con este servicio. Son alrededor de 700.000 personas, que deben gestionar sus recursos por otros medios, “en algunos casos a través de canales no oficiales, o acudiendo a la intermediación” de terceros, en ambos casos soluciones que “plantean problemas y desafíos prácticos”, además de favorecer “la invisibilización de estas personas”, alerta el Defensor del Pueblo. A la luz de estos datos, reclama una vía para que cualquiera pueda acceder a una cuenta bancaria, y pide que la apertura de una cuenta no dependa de condiciones complementarias o de la suscripción de contratos asociados, ya que estos requisitos también suponen un obstáculo para las rentas más bajas o irregulares.
El sector bancario español, además, está muy concentrado, y tras la crisis financiera de 2008 la red bancaria presencial se contrajo a pasos agigantados. Las oficinas se redujeron un 58% hasta 2021, con el resultado que la ratio por cada 1.000 habitantes pasó de 1 sucursal a 0,41. La otra cara de la moneda ha sido la disminución en el número de cajeros disponibles y su concentración en zonas muy densamente pobladas y con mucho tránsito. Según un estudio de Joaquín Maudos y Carlos Albert, había 17.648 sucursales operativas a finales de 2022, un 7% menos con respecto al año anterior. Los cajeros eran 45.233. En este caso, el ritmo de cierre fue de un 5% interanual. “De acuerdo con los datos aportados, 2.797 municipios carecían en dicha fecha de puntos de acceso presencial, aunque tal cifra se habría reducido en 433 municipios respecto de la del año precedente”, recoge el Defensor.
Esta tendencia ha ido emparejada a un bum de la operativa digital. Una revolución de la cual, sin embargo, se quedan excluidos algunos grupos poblacionales. Los más vulnerables, según el organismo, son los más mayores, pero también los colectivos que tienen dificultad de acceso por limitaciones sensoriales, por ejemplo con dificultades visuales, o culturales, por ser extranjeros y carecer de los papeles requeridos por las entidades, así como los habitantes de las zonas rurales.
Por esta y otras razones, la institución presidida por Ángel Gabilondo recomienda que el servicio bancario sea declarado servicio económico de interés general. Esta clasificación obliga a que el operador preste el servicio. Para hacerlo puede contar con el apoyo o no del Estado, y el informe recomienda que, de aplicarse compensaciones, se pondere el coste que supuso, en su momento, el rescate público de varias entidades bancarias durante la Gran Recesión. Asimismo, pide que se establezca dónde, “por motivos geográficos o por la detección de necesidades que requieran de atención individualizada”, se deba garantizar la existencia de oficinas presenciales y de cajeros, y asegurar que también en estas zonas se “salvaguarde la competencia”, hasta con modelos multimarca si esta es la única manera para garantizar la concurrencia entre operadores.
El Defensor del Pueblo también recomienda crear una autoridad de defensa del cliente financiero, revisar las disposiciones sobre infracciones y sanciones aplicables a la denegación o cancelación de las cuentas de pago básicas y reforzar la capacidad del Banco de España para monitorizar la calidad de la atención a la cliente. A la vez, sugiere que el supervisor cree una comisión de seguimiento de la lucha contra la exclusión financiera y que se constituya un grupo de trabajo que determine si Correos y Telégrafos pueden prestar servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias, empresas a las que, además, pide adoptar medidas para aumentar la capacidad de atención en el mundo rural y en las zonas más despobladas.
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