Lejos de apaciguarse la situación, continúan los ataques contra políticos en Alemania. La exalcaldesa de Berlín y ahora responsable de Economía en el Gobierno de la ciudad, la socialdemócrata Franziska Giffey, resultó herida leve tras ser agredida el martes por la tarde en el barrio de Rudow, en el sur de la capital alemana. Giffey, de 46 años, fue atacada repentinamente por la espalda por un hombre en una biblioteca sobre las 16.15 con una bolsa de contenido duro y golpeada en la cabeza y el cuello. A continuación, el sospechoso se dio a la fuga, según indicó la Fiscalía y la policía de Berlín. La política tuvo que acudir al hospital para recibir tratamiento ambulatorio por dolores en la cabeza y el cuello.
Posteriormente, la Fiscalía de Berlín informó de la detención del hombre, de 74 años, que ya ha sido acusado de delitos contra la seguridad del Estado y de incitación al odio. Asimismo, hay indicios de que padece una enfermedad mental, por lo que la Fiscalía estudia solicitar una orden de internamiento en un hospital psiquiátrico.
Además de Giffey, el martes, Yvonne Mosler, una política local de Los Verdes, también fue atacada en Dresde, la misma ciudad donde el pasado viernes el socialdemócrata Matthias Ecke fue agredido brutalmente y tuvo que ser hospitalizado por una fractura en el pómulo y en la cuenca del ojo. Al igual que Ecke, la política ecologista, de 47 años, estaba pegando carteles electorales para las elecciones europeas cuando fue empujada, insultada y amenazada por un hombre y escupida por una mujer, según informó la policía, que poco después detuvo a una mujer de 24 años y a un hombre de 34 como sospechosos.
Estos ataques a políticos y cargos públicos han desatado la preocupación en Alemania, que lleva días debatiendo sobre qué se puede hacer para proteger mejor a los ciudadanos involucrados en política, especialmente en un año tan delicado, en el que, además de las europeas del 9 de junio, se celebrarán elecciones locales en nueve Estados federados, así como comicios en tres Estados orientales (Sajonia, Brandeburgo y Turingia), en septiembre.
En este marco, los ministros regionales de Interior de los Estados federados celebraron el martes una reunión extraordinaria para analizar la situación. La titular de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, anunció que acordaron revisar e impulsar un endurecimiento del Código Penal para mejorar la protección de las personas que trabajan en política y agilizar estos procesos judiciales. Para ello deberá primero alcanzar un consenso con el ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann.
Giffey, que fue ministra de Familia durante la última gran coalición de Angela Merkel, de 2018 a 2021, se mostró consternada por lo ocurrido. “Hay un lugar en Neukölln que es muy especial para mí: la biblioteca del barrio de Alt-Rudow. Durante mi etapa como concejala de Educación de Neukölln y alcaldesa de distrito, hice campaña para que se reconstruyera esta biblioteca. Nunca habría pensado que me atacarían allí”, escribió en la red social X sobre la agresión que la cogió desprevenida mientras mantenía una conversación con el director de la biblioteca.
La socialdemócrata reflejó, también, su preocupación por el incremento de ataques contra personas que se involucran en la política en Alemania y que están “cada vez más expuestas” a agresiones. “Vivimos en un país libre y democrático en el que todo el mundo es libre de expresar su opinión. Sin embargo, existe un límite claro. Y este es la violencia contra las personas que tienen una opinión diferente, por el motivo que sea y de la forma que sea. Nada puede justificar estos ataques”.
El alcalde de Berlín, el democristiano Kai Wegner, también expresó su indignación. “Quien ataca a los políticos está atacando nuestra democracia”, declaró. “No lo toleraremos. Nos opondremos a toda forma de violencia, odio y agitación y protegeremos nuestra democracia”, agregó.
Reformas legislativas
Según el presidente de la conferencia de ministros de Interior, Michael Stübgen, del Estado oriental de Brandeburgo, el derecho penal vigente “ya no refleja adecuadamente la amenaza que pesa sobre los funcionarios públicos y los representantes electos ni sobre los voluntarios”. Por eso, solicitó la puesta en marcha de iniciativas legislativas concretas para ampliar el Código Penal alemán y que los delitos contra funcionarios públicos y representantes electos figuren por separado y, en su caso, sean juzgados con mayor severidad por ser “peligrosos para la democracia”. Se trata, en definitiva, de disuadir de antemano a los posibles delincuentes.
“Somos demasiado laxos, demasiado laxos”, criticó también el alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, en la radio alemana Deutschlandfunk. “Los políticos casi han tenido que acostumbrarse a los insultos y el acoso”, indicó. En su opinión, hay que redefinir los límites de lo que se puede decir, ya que con demasiada frecuencia, este tipo de incidentes se desestiman como calumnias “normales y desagradables” que pueden tolerarse, algo que debe cambiar.
Según cifras del Gobierno, este tipo de agresiones a políticos casi se duplicaron en los últimos años, pasando de 1.420 en 2019 a 2.790 casos en 2023. Si bien este tipo de ataques no son nada nuevo para los partidos, creen que algo ha cambiado. “Los ataques van en aumento; ya no son incidentes aislados”, afirma una portavoz del Partido Socialdemócrata (SPD) al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Los directores de campaña voluntarios afirman ahora que ni un solo equipo de carteles puede pasar un turno de dos horas sin recibir insultos o ataques”, apunta.
El partido de Los Verdes suele ser el blanco de este tipo de agresiones. Mientras que en 2019 se registraron 174 ataques contra sus representantes, el año pasado la cifra subió hasta los 1.219. Este número se duplicó en el periodo comprendido entre 2022 y 2023. Por su parte, los políticos del partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) son los segundos más atacados, con 478 casos en 2023, seguidos de los socialdemócratas, con 420. Desde hace años, los partidos organizan talleres sobre cómo sus militantes y políticos locales se enfrentan al odio o al acoso, tanto online como en la calle. Varios partidos han habilitado números de teléfono para los afiliados que sufren una agresión. Las agresiones denunciadas se registran y denuncian a la policía. Pero está claro, como apuntan muchos políticos y expertos, que esto no basta.
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