La Comisión Europea ha dejado en el limbo la revisión del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel solicitada por España e Irlanda hace casi tres meses, una de las medidas más rotundas planteadas en Bruselas como respuesta a la acción israelí en Gaza.
En plena ofensiva israelí sobre Rafah, el territorio donde se refugian 1,5 millones de palestinos desplazados de sus hogares por los ataques del ejército de Benjamín Netanyahu, las voces que reclaman medidas europeas más contundentes de la UE a Israel se multiplican. También las preguntas sobre qué ha pasado con la petición por carta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ya ex primer ministro irlandés, Leo Varadkar, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que urgían a revisar la relación europea con Israel. “La presidenta no ha contestado la carta”, ha señalado el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, este martes.
España e Irlanda, dos de los países más críticos con los ataques israelíes sobre Gaza, derivados de los atentados de Hamás del 7 de octubre, siguen a la espera de la respuesta de Von der Leyen a la misiva enviada el 14 de febrero, según aseguran fuentes europeas. Sin embargo, dentro del Ejecutivo comunitario se ha producido un cortocircuito. Borrell, a quien también apelaba la carta por ser el jefe de la diplomacia europea, intentó sacar adelante un debate con los 27 Estados miembros a cuenta del convenio de asociación con Israel —el marco que regula la relación del bloque comunitario con ese país— y, en concreto, sobre la petición española e irlandesa.
El alto representante también quiso invitar al ministro de Exteriores israelí, así como convocar una reunión del consejo de asociación para abordar el asunto. Pero no prosperó. No hubo consenso entre los socios para hablar sobre una posible suspensión de ese marco, como reclamaban en su carta Madrid y Dublín. Se trata de una de las principales herramientas de presión que tiene la UE sobre el Gobierno de Israel.
Queda pendiente la respuesta de Von der Leyen, a quien se le reclamó un análisis sobre si las violaciones de la legislación humanitaria de Israel en Gaza —con los ataques a la población civil, y el bloqueo de ayuda humanitaria a una Franja que en algunas zonas ya se ha declarado una hambruna, según el programa de alimentos de la ONU— pueden vulnerar el convenio comercial, que tiene en su base el respeto de los derechos humanos. Pero en el Ejecutivo comunitario se remiten a los intentos de Borrell y a que no hubo consenso para debatir el tema como si ese intento de debate intermedio respondiera a la cuestión planteada por Sánchez y Varadkar.
Un asunto difícil en el olvido
Varias fuentes europeas dicen que es “difícil” hacer un análisis de la situación, pero también acusan de dejar el tema en “el olvido” a Von der Leyen, una de las voces europeas que se percibe como más cercana a Israel —su viaje al país en el que se reunió con Netanyahu el día que su ejército lanzaba la ofensiva sobre Gaza tras los ataques de Hamás causó un gran malestar en varios Estados miembros—. Otras achacan el problema al cortocircuito entre departamentos y a la enorme maquinaria burocrática de Bruselas.
La UE, como Estados Unidos, ha advertido a Netanyahu de que atacar Rafah es una línea roja, pero a los Veintisiete les está costando unificar una respuesta rápida, dura y común. Entre los países miembros hay algunos como España, que no solo defiende con rotundidad la solución de los dos Estados, sino que lidera una iniciativa para el reconocimiento del Estado palestino, a la que ha sumado a Irlanda, Malta y Eslovenia; también a Noruega, fuera de la UE.
El análisis que Madrid y Dublín pidieron a Von der Leyen es también una forma de poner sobre la mesa que el acuerdo de asociación con Israel es una de las palancas de la UE para presionar a Netanyahu. Otras son imponer sanciones —ya se ha incluido en la lista a un grupo de colonos violentos de Cisjordania y costó meses llegar a un acuerdo—, el embargo de armas o el reconocimiento del Estado palestino, como quiere hacer España.
Pero aunque los Veintisiete han endurecido el tono sobre Israel —el mes pasado la UE pidió por primera vez claramente un alto el fuego apoyándose en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU—, sería difícil lograr la aprobación unánime para suspender el tratado con el Estado judío, suscrito por ambas partes en 1995 y en vigor desde 2000. En todo caso, para suspender alguna de sus cláusulas solo se necesita mayoría cualificada. Ya hay antecedentes similares. Hace unos días, Turquía anunció la suspensión del comercio con Israel hasta que llegue el alto el fuego permanente y permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.
El acuerdo es uno de los más antiguos entre el club comunitario y un tercer país y supone intercambios comerciales por ambas partes por más de 63.000 millones de euros anuales en bienes y servicios; para Israel, esa cantidad supone cerca del 25% de todas las transacciones comerciales con el mundo, según datos de la Comisión Europea.
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