El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha desautorizado este miércoles abiertamente al grupo parlamentario socialista, que, junto a sus socios, ha reclamado la comparecencia de varios fiscales —entre ellos, el jefe de Anticorrupción— en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia. Bolaños ha sido rotundo: “No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y el mismo principio vale para los fiscales: tampoco tiene sentido que vayan a declarar sobre causas que están instruyendo en su condición de fiscales”. La declaración de Bolaños llega después de que la propia Fiscalía General del Estado trasladara su malestar por la citación del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La petición de comparecencias de fiscales no fue una iniciativa del PSOE, que no los incluyó en su listado inicial. Pero, tras una negociación con sus socios, los socialistas acordaron y firmaron una lista definitiva que sí los incluía. La reclamación de llamar a los fiscales venía sobre todo de Junts y de EH Bildu, según fuentes parlamentarias, y el PSOE acabó aceptándolo. Así, en el listado se ha incluido finalmente el nombre de tres fiscales: Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción; Ignacio de Lucas, fiscal de la Fiscalía Europea que ha asumido el caso Koldo; y Codruta Kovesi, fiscal jefe de la Fiscalía Europea.
Los socialistas habían rechazado con firmeza la exigencia de Junts y otros grupos de llevar a jueces a las comisiones de investigación, y Bolaños se había comprometido a que el PSOE no lo apoyaría nunca. Pero sobre los fiscales no fueron tan tajantes. Después del enfado de la Fiscalía General, Bolaños ha dejado muy claro que amplían ese criterio que tienen con los jueces también a los fiscales, aunque en alguna ocasión en el pasado sí han acudido fiscales a comisiones de investigación. El ministro se pone así del lado de la Fiscalía General y desautoriza el acuerdo parlamentario.
La reacción de Bolaños llega después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidiera el martes por carta al presidente de la comisión de investigación del Congreso que se reconsiderase la decisión de llamar a comparecer al fiscal Jefe Anticorrupción. García Ortiz alegaba que Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y esa comparecencia “podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública”, señalan fuentes del Ministerio Público. “La comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones”, añaden estas fuentes.
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