La jueza de Instrucción número 49 de Madrid ha archivado las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, y varios mandos policiales por las cargas y el uso de gases lacrimógenos en la protesta del 6 de noviembre pasado contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, según un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
La magistrada, Cristina Díaz, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, con lo que da carpetazo a la denuncia presentada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que sostenía que tanto Martín como los mandos policiales «ejecutaron las órdenes dictadas para reprimir las protestas convocadas».
La responsable del juzgado asume el planteamiento del Ministerio Público, que argumentó que no había un delito de prevaricación administrativa como tampoco se había aportado en la denuncia «ni resolución del delegado del Gobierno ni partes de lesiones de ninguna persona que tomara parte en la concentración».Asimismo, que «no se aportan testigos que puedan referir la existencia de desproporcion judicial [sic]». Se trataba, a juicio de la Fiscalía que ahora avala el juzgado, de «una solicitud de apertura de una investigación judicial de carácter claramente prospectivo». La fiscal, Lorena Álvarez Taboada, alegó que «se aportaban, exclusivamente, como principio de prueba, informaciones periodísticas».
Los denunciantes planteaban que la actuación policial de la noche del 6 de noviembre en Ferraz fue «desproporcionada» y que cuando «se produce la carga» de los agentes «llegan a utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que mostraba su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez [por la anunciada ley de amnistía], con el resultado de varios heridos».
La jueza Josefa Bustos decidió abrir diligencias y pedir informe a la Fiscalía; ahora, en el mismo juzgado y atendiendo al criterio de la fiscal, otra magistrada archiva el procedimiento.
Según la denuncia y como «botón de muestra» se aludía a «tres vídeos» en los que «se comprueba la desproporcionada actuación policial», que fue «criticada rotundamente» por un portavoz del sindicato policial Justicia Policial (Jupol), quien «recogiendo el sentir de su sindicato profesional», manifestó que la actuación llevada a cabo «es más política que operativa, responsabilizando de ello a los mandos políticos».
Durante esa jornada, con unas 3.800 personas en la protesta, los agentes de la Unidad de Intervención Policial tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz. Prácticas que nunca se emplearon contra los grupos violentos independentistas ante la comisaría de Vía Layetana.
Desde el sindicato Unión Federal de la Policía (UFP) señalaron que ante situaciones «bastante más graves» en materia de orden público las órdenes eran «aguantar» mientras que en Ferraz se ordenó «la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se utilizaba».
Raíces destacó que «miembros de la policía de paisano blandieron barras extensibles de acero con las que golpearon a los ciudadanos de la manifestación, a pesar de que la normativa aplicable lo prohíbe, así como que las UIP dispararon pelotas de goma a la cara, dieron palizas en los callejones del barrio y procedieron a cometer todo tipo de abusos policiales».
La asociación también envió una denuncia ante la ONU por las polémicas cargas policiales de la cartera de Fernando Grande-Marlaska, al que se plantearon también denunciar como «último responsable de la violencia y brutalidad policial desplegadas».
