Iban preparados para encontrar armas, probablemente de guerra, pero no para tres granadas de mano listas para usar. La Policía Nacional estaba registrando la vivienda de uno de los líderes de una organización investigada por tráfico de marihuana en Salou (30.224 habitantes, Tarragona) cuando se produjo el hallazgo. El hombre, de origen serbio, guardaba tres proyectiles explosivos de mano en casa. Automáticamente, pararon y avisaron a los TEDAX (técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos), que aseguraron la zona y las retiraron. “Todas estaban operativas”, explican fuentes policiales. Una de ellas era de tipo incendiario, que detona una bola de fuego. Las tres son de la época de la Guerra de los Balcanes, según ha informado este jueves el cuerpo policial. A los delitos de tráfico de drogas tendrán que sumar la tenencia ilícita de armas, con el agravante de que eran armas de guerra.

En los últimos años se ha detectado un aumento de la potencia de las armas incautadas a los grupos de narcos, según coinciden varias fuentes policiales, jurídicas y de inteligencia. La Fiscalía ve “muy preocupante” la incautación de armas cada vez más potentes, y la policía comienza a reforzar el blindaje de sus equipos. En diciembre de 2022, la Policía intervino a un narco gallego todo un arsenal, entre el que también había una granada de mano. Los grupos utilizan las armas de guerra, mucho más potentes, sobre todo en los robos de droga que unas bandas hacen a otras o para protegerse de ellos, según explican fuentes policiales.

La organización desarticulada por la Policía Nacional había alquilado hasta cuatro naves de uso agrícola y ganadero, algunas en pequeños municipios de Albacete, Valencia y Teruel, para cultivar marihuana. La operación policial, bautizada Neskabal, terminó con 10 detenidos, entre ellos los dos líderes de la red. Todos rondaban la treintena y tenían antecedentes por tráfico de drogas, según fuentes conocedoras del caso. Según los investigadores, los dos líderes, de origen serbio, coordinaban y controlaban la actividad del resto y residían en Tarragona. En un escalafón intermedio se encontraban un ciudadano español y otro armenio que visitaban las plantaciones y se encargaban de solucionar los problemas de logística y mantenimiento eléctrico. En la base se desempeñaban otras seis personas, de origen polaco, croata y serbio, que vivían dentro de las naves y realizaban labores de mantenimiento, cultivo y recolección de la marihuana.

Los investigadores destacan su capacidad para obtener cosechas cada 90 días. Sus plantaciones estaban divididas por sectores. En una primera zona, se cultivaban los esquejes de marihuana hasta que se convertían en plantas. Después, las trasplantaban a dependencias más grandes, donde crecían hasta desarrollar los cogollos de marihuana. En una tercera zona, se limpiaba y secaban los cogollos. Por último, envasaban la sustancia al vacío para poder trasladarla de forma discreta en vehículos.

La investigación comenzó a finales de 2023, con una información que apuntaba un posible cultivo intensivo de marihuana en una nave de uso ganadero de la localidad de La Gineta (2.548 habitantes, Albacete). Los agentes comprobaron que varias personas accedían con regularidad a las instalaciones y que permanecían escasas horas. Después, viajaban a la ciudad de Barcelona en coches de alquiler. Poco a poco descubrieron la ubicación de otras naves, en Utiel (11.632 habitantes) y Fuenterrobles (688 habitantes), ambas en Valencia, y en Calaceite (979 habitantes, Teruel). También que contaban con testaferros, u hombres de paja, para ocultar las personas que realmente estaban alquilando las naves agrícolas y los vehículos que usaban. Durante los cuatro registros, los agentes descubrieron sofisticados centros de producción de marihuana dotados de últimas tecnologías e intervinieron 3.300 plantas y 85 kilos de cogollos listos para venderlos.

En 2021, se incautaron en España 130 toneladas de marihuana, según la última estadística anual de drogas del Ministerio del Interior. El exponencial aumento de las incautaciones de plantas de cannabis ―en el último año de referencia se intervinieron más de tres millones― ha obligado al departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska a licitar contratos para contar con la ayuda de empresas privadas en el desmantelamiento de las plantaciones más grandes, con más de 10.000 plantas, y que son cada vez más numerosas, según las estadísticas policiales.

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