La República Democrática del Congo criticó a Ruanda después de que un informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU dijera que había “pruebas sólidas” de que las fuerzas armadas de Kigali están realizando operaciones para apoyar a los rebeldes en el país rico en minerales.
El grupo M23 resurgió a fines del año pasado y está librando una ofensiva en el este del Congo, asolado por el conflicto, causando muertes y desplazamientos masivos. Unas 170.000 personas han sido desplazadas por la violencia desde noviembre, dijo la ONU en mayo. Los ataques han enfurecido a los lugareños, provocando protestas mortales contra las fuerzas de paz de la ONU que operan en el este del Congo.
El informe no publicado de un grupo de expertos de la ONU, visto por el Financial Times, dijo que había “pruebas sólidas de la presencia y las operaciones militares realizadas por miembros de las Fuerzas de Defensa de Ruanda” en la provincia oriental de Kivu del Norte. Dijo que los miembros de RDF «atacaron las posiciones de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) y brindaron apoyo a las operaciones del M23».
Kigali ha negado repetidamente su apoyo al M23. En cambio, ha acusado a Kinshasa de respaldar a las FDLR, que en sus filas tiene a los hutus acusados del genocidio de 1994 contra los tutsi en Ruanda. El M23 está dominado por tutsis congoleños y afirma proteger a los tutsis contra los grupos militantes hutus, como las FDLR.
“Hasta que no se tome en serio y se aborde el problema de las FDLR, que operan en estrecha colaboración con el ejército de la RDC, no se podrá lograr la seguridad en la región de los Grandes Lagos”, dijo Yolande Makolo, portavoz del gobierno de Ruanda.
El último hallazgo provocó una nueva ronda de acusaciones entre los dos países. “Los miembros de las Fuerzas de Defensa de Ruanda suministraron armas, municiones y uniformes al M23 y llevaron a cabo ataques conjuntos con el movimiento terrorista”, dijo el gobierno congoleño en un comunicado el viernes.
Dijo que la supuesta evidencia reunida por la ONU incluía fotos de soldados ruandeses en un campamento del M23, imágenes de drones que mostraban «cientos de soldados marchando hacia territorio congoleño, y fotos y videos que mostraban a combatientes del M23 con uniformes y equipo del ejército ruandés».
“Ruanda ya no puede negar las acusaciones y debe reconocer su culpa y su responsabilidad por la inestabilidad en nuestro país”, agregó el gobierno congoleño el viernes.
“Ruanda no puede comentar sobre un informe no publicado y no validado”, dijo el gobierno de Ruanda en un comunicado, subrayando que el Consejo de Seguridad de la ONU ya había recibido un informe de un grupo de expertos en junio, “que no contenía ninguna de estas acusaciones falsas”.
“El hecho es que ha habido ataques y bombardeos desde la República Democrática del Congo hacia el territorio de Ruanda, lo que ha provocado muertes y destrucción de propiedades”, agregó el gobierno de Ruanda. “La presencia del M23 y sus orígenes son bien conocidos como un problema de la RDC, que buscan convertir en una carga para otros países”.
Estados Unidos ha expresado su preocupación por la situación de seguridad en la frontera de los dos países. La próxima semana, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, visitará Kinshasa y Kigali para “apoyar los esfuerzos regionales africanos para promover la paz en el este de la RDC”.
Ruanda y Uganda invadieron el Congo en la década de 1990 en guerras que costaron millones de vidas y produjeron una serie de milicias que permanecen activas en un conflicto que ha resurgido en los últimos meses con fuerza renovada.
En una entrevista con el FT el mes pasado, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, acusó a Ruanda de beneficiarse de la riqueza mineral de su país. Su cinturón minero contiene oro y algunos de los depósitos de coltán más grandes del mundo, que se utiliza en dispositivos electrónicos.
“El resurgimiento del M23 se produce cuando la situación de seguridad en el este del Congo se ha deteriorado durante el año pasado, con otros grupos armados y, en ocasiones, soldados del gobierno, cometiendo violencia generalizada, homicidios ilegítimos y otros abusos graves”, dijo Human Rights Watch en un informe el mes pasado.
