Una semana después de que el general Juan José Zúñiga fracasara en su intentona golpista contra el presidente boliviano Luis Arce, este se halla asediado por la oposición civil que, sin aportar pruebas, lo acusa de haber falsificado los hechos y de “autogolpe”, y trata de debilitar el apoyo de otros países a su Gobierno. El principal crítico ha sido el expresidente Evo Morales, antiguo mentor de Arce y hoy su mayor enemigo político. También se hallan en esta postura casi todos los demás expresidentes y líderes opositores del país.
En respuesta implícita, el presidente escribió en X: “En los últimos años intereses personales, económicos, nacionales y extranjeros, se unieron para intentar interrumpir esta nueva etapa de nuestra historia”. Y añadió: “No solo fueron creciendo en su agresividad, sino también en su irresponsabilidad con el futuro de nuestro país. Esos intereses perversos, finalmente, mostraron sus verdaderas intenciones para intentar volver a un pasado oscuro de dictadura”.
En relación con estos acontecimientos, la Policía ha arrestado a dos comandantes de Fuerza: Zúñiga y el exjefe de la Armada, Juan Arnés; a tres comandantes de regimiento y a varios otros oficiales y militares retirados. Algunos se encuentran en diferentes prisiones y otros en detención domiciliaria. Las investigaciones continúan. La tesis oficial es que se trató de un movimiento planificado con anterioridad y que involucró a otros militares además de los subordinados directos de Zúñiga.
Las dudas sobre el significado real de la insubordinación de este general el 26 de junio comenzaron apenas dos horas después de que ocupara la Plaza Murillo, el epicentro del poder político boliviano, cuando retiró sus tropas sin negociar su demanda de “liberación de los presos políticos”. El historiador Pablo Stefanoni explicó entonces que los hechos debían interpretarse como un “movimiento social armado” en protesta por la previa destitución de Zúñiga del cargo de comandante del Ejército. El Gobierno los presentó como un “golpe de Estado fallido” y Arce incluso intentó conectar el alzamiento militar con intereses externos sobre los recursos naturales bolivianos.
Posteriormente, este discurso fue desafiado por el propio Zúñiga, que en el momento de su detención por la Policía declaró que era Arce quien estaba detrás de la movilización de carros blindados que acababa de conducir, algo que el Gobierno negó “absolutamente”. A continuación, las redes sociales se llenaron de cuestionamientos a la versión oficial. Volvió a circular la frase “no fue golpe, fue fraude”, que una parte de la población había usado para oponerse a la persecución del Gobierno contra los supuestos responsables del derrocamiento de Evo Morales en 2019. Entonces Bolivia se polarizó entre quienes creían que la caída de Morales había sido un golpe militar y quienes pensaban que había sido una revuelta popular contra el supuesto fraude en las elecciones de ese año. Esta vez, el propio Morales se sumó a la idea de “fraude”: “El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada”, posteó el 30 de junio. El expresidente Carlos Mesa calificó lo sucedido como “un sainete”. Para otro exmandatario, Jorge Quiroga, el Gobierno fue “inepto o cómplice, o ambos”. Arce solo le respondió directamente a uno de sus predecesores: “Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido!”.
Tras el post de Morales, y supuestamente basándose en él, la oficina del presidente argentino Javier Milei emitió un comunicado sobre Bolivia que “repudia la falsa denuncia de golpe de Estado” y reclama por la existencia de “presos políticos”. Este comunicado y otro mensaje de Milei en el mismo sentido fortificaron las críticas bolivianas contra Arce. La expresidenta Jeanine Áñez, que se encuentra en prisión, felicitó y agradeció al presidente argentino. Morales lo repudió, porque “los asuntos bolivianos los resuelven los bolivianos”.
La oposición también celebró la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de esperar una “investigación independiente” que aclare el episodio, aunque mostrando su preocupación por la “fragilidad democrática” de algunos países del mundo.
Al mismo tiempo, los delegados “evistas” en la reunión del 27 de junio de dos internacionales izquierdistas, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, lograron una resolución que, si bien condena el intento de golpe de Estado contra Arce, sobre todo repudia “los intentos de proscribir al MAS-IPSP [Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos] e inhabilitar al hermano y expresidente Evo Morales”. El oficialismo boliviano considera que Morales no puede participar en las elecciones de 2025 por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que prohíbe más de dos periodos en cualquier puesto electivo. El pronunciamiento izquierdista desnudó la soledad política en que se halla Arce, que este intentará revertir en su encuentro el 9 de julio, en Bolivia, con el presidente del Brasil, Lula da Silva.
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