Desde este viernes, los vehículos eléctricos fabricados en China tendrán que pagar al entrar en la UE unos aranceles que van del 17,4% hasta el 37,6%, que se suman al que ya existe de un 10%. Es la mayor medida de defensa comercial que ha adoptado la Unión hasta ahora y, por el momento, estará vigente durante cuatro meses. Al mismo tiempo, Bruselas está negociando con Pekín para buscar una salida que no pase —o no solo— por el incremento de las tarifas aduaneras, Y que, además, sirva para cerrar un contencioso que empezó en octubre, cuando la Comisión Europea decidió abrir una investigación a los fabricantes de coches eléctricos en China para averiguar si recibían subsidios que distorsionen la competencia: la primera conclusión ha sido que sí y, por eso, han llegado la subida arancelaria.
Esta medida provisional tendrá que ser votada por los Estados miembros en el Consejo de la UE, pero el resultado de la votación no será vinculante para la Comisión. Sin embargo, sí que dará pistas de la cohesión interna y las fuerzas con las que cuenta Bruselas para negociar con Pekín durante los cuatro meses que restan del proceso -hasta noviembre- para dar con la solución definitiva y que no tiene que pasar necesariamente por subir los derechos de aduana, como ha declarado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis: “Los aranceles, en cierto sentido, no son el único resultado posible de esta investigación. Hay otras maneras, como eliminar esta distorsión del comercio”.
Los números conocidos este jueves corrigen ligeramente algunos de los anunciados el pasado 12 de junio, cuando se le comunicó a las partes afectadas por la investigación cuánto había pensado iban a subir los aranceles. En el caso del fabricante SAIC, al que se le impone el arancel más alto se queda en el 37,6%, cuando hace tres semanas se había dicho que sería del 38,1%. También se reduce algo el de Geely, del 20% al 19,9%. Para BYD, el mayor fabricante del mundo de este tipo de vehículos, no hay cambios. El criterio básico de esta distinción ha sido si han colaborado en la investigación o no y en qué grado lo han hecho. Las modificaciones se han producido después de escuchar a las partes interesadas, ha justificado la Comisión. Los datos explicados diferirán para Tesla, que “tras una solicitud justificada, puede recibir un tipo de derecho calculado individualmente en la fase definitiva”, señala el Ejecutivo de la Unión.
Desde China, se ha reiterado este jueves su “firme oposición” a la investigación y ha pedido gestionar las fricciones “mediante el diálogo y la consulta”, según ha dicho He Yadong, portavoz del ministerio de Comercio chino, en una comparecencia. He ha recordado que hace dos semanas su ministro de Comercio, Wang Wentao, mantuvo una videoconferencia con Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, en la que acordaron iniciar consultas sobre el caso. Hasta la fecha se han celebrado “varias rondas” de “nivel técnico”. El portavoz ha expresado el deseo de Pekín de alcanzar una solución aceptable para ambas partes. “Todavía quedan 4 meses antes de la sentencia final. Esperamos que la UE colabore con China para llegar a un acuerdo”.
El gigante asiático sabe que cuenta con ese margen para convencer a una mayoría de países europeos —al menos 14 Estados miembro— para que den marcha atrás a los nuevos gravámenes en la votación de noviembre. Y es consciente de que, de momento, algunos países han mostrado de forma más explícita que otros ese rechazo, como Alemania, y los representantes de su todopoderosa industria del motor. El citado portavoz ha expresado el deseo de Pekín de que La UE “escuche seriamente” estas voces.
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