El Gobierno se dice feliz y la oposición se dice feliz. Hacía mucho que la política española no vivía una semana así, tras anatemizar durante años los grandes acuerdos. El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha repartido satisfacciones a izquierda y derecha. Como en un espejo invertido, en el Gobierno creen que el PP lo tendrá difícil para seguir cuestionando la legitimidad de Pedro Sánchez, y en el PP opinan que la izquierda ya no podrá continuar asimilándolos a la extrema derecha. El Ejecutivo celebra poner fin a una anomalía constitucional de cinco años y medio, con un reparto equilibrado de un órgano que ejercía sin disimulo como un ariete contra la coalición en el poder. Y en el PP ven reforzada la autoridad de su líder, Alberto Núñez Feijóo, contra las voces más montaraces que torpedeaban el acuerdo.
Esta legislatura que lleva siete meses al ralentí ha consumado otro hito. El primero y más importante fue la ley de amnistía, condición inexcusable de los compañeros de viaje del Gobierno. El acuerdo sobre el CGPJ, aunque nada aporta para soldar la frágil base parlamentaria del Ejecutivo ―más bien ha incomodado a algunos aliados―, fija un mensaje, como destacan voces gubernamentales: la aceptación tácita por parte del PP de que la legislatura sobrevive.
“El planteamiento es que el Gobierno está tan débil que presionando sin parar se derrumbará”, explicaba, semanas atrás, un diputado popular escéptico con esa estrategia. Eso era antes de las elecciones europeas. El 9-J constituyó un triunfo para el PP, pero no remató a Sánchez, como muchos esperaban. Ahora, en el equipo de Feijóo insisten en que el Gobierno carece de mayoría estable incluso para aprobar Presupuestos, a la vez que admiten lo improbable de un desplome inminente. Y se preparan para una batalla más larga. Se dicen dispuestos a pactar los equipos dirigentes del Banco de España y las comisiones reguladoras de la competencia y el mercado de valores. Fuera de eso, pese a que la tensión se haya relajado un tanto, no hay indicios de un cambio drástico en la oposición. “¿Cómo vamos a cambiar si imputan al fiscal general del Estado o si la mujer del presidente va a declarar como imputada?”, advierten en el entorno de Feijóo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el miércoles “el pistoletazo de salida” a los Presupuestos, con la publicación de una orden para que los distintos departamentos transmitan sus previsiones. Más allá del gesto, todo el mundo asume que las cuentas son una quimera mientras no se aclare la situación en Cataluña. “Si nos llaman ahora por esto, ni le cogemos el teléfono”, afirma un diputado independentista. ERC no se moverá hasta que no se decanten las negociaciones sobre la eventual investidura del socialista Salvador Illa. Junts, desplazado de ese foco, manda mensajes cada vez más duros en cuestiones como el reparto de menores inmigrantes o medidas económicas sobre las que el Ejecutivo los ha sondeado discretamente.
“Hasta el 26 de agosto [cuando expira el plazo en Cataluña para formar gobierno] no sabremos si podemos salir de este bucle”, admite un miembro del Ejecutivo. “Salir del bucle” equivaldría a despejar los Presupuestos y activar el programa de la coalición. Sumar lo espera con especial anhelo, necesitado de remontar el vuelo de sus fracasos electorales y líos internos. El problema es que ERC no se baja de su exigencia de una financiación similar al cupo vasco, un asunto susceptible de destapar la caja de los agravios por las cuatro esquinas del país. Compromís y Chunta Aragonesista, asociados a Sumar, ya amenazan con retirar su apoyo al Gobierno.
Si el PSOE mantuvo al corriente a Sumar de las negociaciones sobre el CGPJ capitaneadas por el ministro Félix Bolaños, los aliados parlamentarios quedaron al margen. Incluido el PNV, que había colocado un vocal en el Consejo saliente. Mientras en público evitaban la crítica, los nacionalistas vascos ―coincidencia o no― facilitaron el jueves en el Congreso la aprobación de declaraciones del PP sobre la carencia de profesionales sanitarios y la relación del Gobierno con las Cortes, presentadas por los populares como parte de su estrategia de desgaste. Malestares al margen, el apoyo de los dos grupos vascos está garantizado. En el caso de EH Bildu, su portavoz de Justicia, Jon Iñarritu, lo verbalizó claramente en ETB: “Estamos en desacuerdo, pero no creemos que este hecho puntual haya que unirlo al resto de la legislatura”. La denuncia de Podemos de que se ha instaurado la “gran coalición PP-PSOE” no es tomada en serio por casi nadie entre los demás aliados.
Aun en el caso de repetición electoral en Cataluña, que tornaría inviables los Presupuestos por segunda vez, la voluntad de los socialistas es continuar a pesar de todo. Confiados, más que nada, en la incompatibilidad entre la derecha y los soberanistas. “Malmenorismo”, lo llama el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
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