España parece navegar en sentido opuesto a la ola proteccionista que se extiende por el mundo. Tras la crisis de la pandemia, ha reducido sus barreras en el comercio de servicios hasta posicionarse en 2023 como el país con el marco regulatorio más abierto, solo por detrás de Japón. La banca comercial, telecomunicaciones y el manejo de carga (transporte y almacenamiento de mercancías) son algunos de los sectores en los que la economía nacional se muestra más abierta que el promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De hecho, su estrategia de liberalización progresiva y la eliminación de muchas de las restricciones impuestas a causa de la Covid-19 le ha valido para pasar en solo dos años de la séptima posición a la segunda en el índice publicado este lunes por el organismo, donde aparecen unos 50 Estados.
La estrategia española difiere a la de sus vecinos. Alemania, por ejemplo, figura como uno de los Estados que más trabas ha impuesto desde 2014 —han aumentado un 14%— a pesar de todavía aparecer en la parte baja de la lista, lo que indica que tiene una regulación más abierta que la mayoría de miembros de la OCDE. Francia, por el contrario, sobrepasa levemente la media, pero sus leyes se han hecho más laxas en este periodo. En la parte alta del índice está Italia, con una variación prácticamente nula en estos años; solo le gana Grecia, que desde la crisis sanitaria ha cerrado su mercado de servicios hasta colocarse como uno de los 10 países más prohibitivos. El sitio más cerrado es Rusia, que ha disparado un 35% sus restricciones.
Los datos recopilados por el organismo con sede en Washington muestran que en el último decenio, las barreras al comercio han aumentado en distintas regiones europeas a causa de “las tensiones geopolíticas, las preocupaciones por la seguridad nacional y las iniciativas para reubicar la producción y los servicios más cerca del país [de origen].”
En general, cerca de dos tercios de todas las restricciones impuestas dificultan el acceso al mercado nacional o perjudican a los proveedores extranjeros. El club de los países ricos ha contabilizado más de 60 políticas que socavan la libre circulación de los trabajadores que abastecen estos servicios mediante medidas que incluyen la imposición de cuotas, tope a la duración de las estancias y pruebas de acceso al mercado laboral más difíciles. Los obstáculos a la entrada de migrantes y su contratación en el sector público, así como las barreras a la competencia, también han aumentado y en la actualidad ya hay más de una treintena de normativas dirigidas a estas áreas.
Los marcos regulatorios que rigen el control de la inversión extranjera se han vuelto más complejos en sectores clave como el transporte aéreo, las telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión. Las barreras comerciales en el transporte marítimo son especialmente graves por su rol en las cadenas de suministro —más del 80% del volumen de mercancías a nivel mundial se desplaza por mar—. El problema es que el mercado está muy concentrado y ya en 2022, solo cinco países acaparaban casi la mitad de la flota mundial. Cerca del 40% de los países analizados tienen bajo control gubernamental a los principales operadores del transporte marítimo. Además, más de la mitad cuenta con medidas de desgravación fiscal u otros incentivos para que las navieras aumenten la competitividad de la flota nacional.
Más barreras para plataformas como Netflix
En la era del consumo digital —en 2020, el comercio virtual representó el 25% del total de intercambios, según la OCDE—, los gobiernos se han volcado a proteger este nicho en el mercado. El informe muestra que las barreras comerciales que afectan a los servicios digitales han aumentado un 25% entre 2014 y 2023.
La distribución de los contenidos digitales cada vez es más engorroso. El documento precisa que “el mercado cinematográfico global es altamente competitivo, con una amplia gama de contenidos disponibles para el público a través de cines tradicionales, plataformas de streaming y otros canales de distribución. […] Varios países tienen estrictas regulaciones y leyes de censura que rigen la importación y distribución de películas extranjeras. Navegar por estas regulaciones puede resultar complejo y llevar mucho tiempo para los cineastas y distribuidores”.
Más del 30% de los países analizados imponen restricciones a las plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max o Disney+, mientras que más del 15% fija requisitos a los proveedores para promover películas o series locales, incluso mediante la aplicación de cuotas. Otro 20% establece dichas cuotas para las películas locales en los cines y los canales de televisión. Más allá de estas barreras, la OCDE destaca que más de la mitad de los Estados analizados ejerce un trato discriminatorio en la entrega de subsidios para la industria.
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