Para resolver un puzle, por enorme que sea, siempre hay que empezar por una pieza. Así que, hace dos semanas, el Ministerio de Cultura colocó sobre la mesa las primeras 5.126. Es decir, cuadros, joyas, cerámicas, esculturas, abanicos, muebles o vajillas que, según averiguó una investigación interna, proceden principalmente de incautaciones realizadas por la República durante la Guerra Civil para proteger los bienes artísticos, que la dictadura jamás devolvió a sus dueños una vez terminado el conflicto. Por fin, aparecía un inventario donde las familias pudieran bucear en busca de algún tesoro sustraído a sus abuelos. Y, sin embargo, investigadores y abogados de los herederos en absoluto dan el asunto por cerrado. Todo lo contrario. De alguna forma, acaba de comenzar.
Porque solo se ha mirado en los 16 museos estatales directamente dependientes de Cultura. Y con ocho meses de retraso, respecto a la auditoría completa que prometía la Ley de Memoria Democrática. Y eso que el Ministerio destacó que era el primero en cumplirla. Lo que pone el foco en todos los demás ministerios, museos nacionales —el Prado sí hizo su propia investigación—, autonómicos o municipales, paradores, universidades y una miríada de otras instituciones que pudieron recibir obras incautadas. Sin mencionar lo que acabó en manos privadas. Faltan, en cálculos de uno de los principales expertos, el catedrático Arturo Colorado, la gran mayoría de las piezas. Y las más valiosas.
Las fuentes consultadas hasta ahora encuentran varias pegas a la auditoría de Cultura, por “parcial”, por “no rastrear hasta el dueño original” o “no tener en cuenta otras investigaciones”, entre otras razones. Quedan, pues, miles de huecos. Y el material que hay resulta en ocasiones incompleto. “Ha salido una parte ínfima. Supone un primer paso, pero sigue siendo insuficiente, y más para un Gobierno que ha aprobado y reivindica la Ley de Memoria Democrática. Es cubrir el expediente y mostrar que se ha hecho algo”, lamenta Santos Mateo, profesor de la Universidad Central de Cataluña, autor del estudio “Que se entreguen a su legítimo propietario”. Restitución de obras de arte depositadas por el SDPAN en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.
A falta de tantas pistas, y con miles de piezas aún ocultas o en paradero desconocido, no hay forma de terminar el puzle. A estas alturas, según los entrevistados, ni siquiera se puede imaginar aún cómo quedaría. “Hablamos de una cifra realmente extraordinaria. Hubo un movimiento de obras como jamás se ha producido en España. Mientras no den acceso a toda la información, es imposible”, resume Colorado.
“A lo mejor, con este inventario, podemos, hipotéticamente, recuperar alguna cosa, pero la colección seguirá a medias”, señala Encarnación Roca Trías, del despacho Cremades y Calvo Sotelo, contratada por los nietos para buscar las decenas de obras que el franquismo se incautó, en mayo de 1939, en casa de José Sicardo, gobernador militar de Alicante durante la Guerra Civil, y su esposa, Mariana Cardedera. Hace un mes y medio presentaron una reclamación ante Cultura. De momento, no ha habido avances.
La familia sospecha que, entre las joyas perdidas, puede haber incluso algún goya o sorolla. Y les consta que al menos otro ministerio guarda cuadros en cuyo reverso sigue la firma que dejó el coronel: “Colección Sicardo”. Lo que encaja también con las averiguaciones de Colorado. Contactado por este diario, el ministerio no mostró conocimiento del caso. Y alegó que precisaba datos más detallados para responder. Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tampoco se atendió esta vez a las cuestiones enviadas por este periódico. Hace dos semanas, apuntaron: “Se indicó a cada ministerio cuáles eran sus tareas en relación con la aplicación de la ley. La cuestión de obras artísticas expoliadas compete a Cultura”.
El ministerio que dirige Ernest Urtasun, sin embargo, considera que ha cumplido con el cometido de su competencia. Al menos, con “el grueso”. “Este proceso sigue abierto. Pero no está prevista otra investigación de esta magnitud y alcance”, señala una fuente. E informa de que ningún otro ministerio, hasta ahora, les ha pedido ayuda o asesoría para emprender una tarea parecida. Sobre las críticas a su inventario —”No hay auténtica investigación al no rastrear el origen de las obras”, lanza Colorado—, la misma fuente responde: “Somos conscientes de la dificultad del proceso, entre los muchos años que han pasado y las distintas circunstancias que ha sufrido cada familia. Desde que llegamos al ministerio [noviembre], lo hemos considerado una prioridad. Es cierto que, si se hubiera hecho hace muchos años, podría haber sido más fácil que los herederos identificaran sus bienes. Es una lástima que el trabajo sobre la memoria vaya tan lento en este país”.
Una y otra vez el Ejecutivo ha reiterado su compromiso con la Memoria Democrática. En octubre de 2022, aprobó una ley ad hoc. En el artículo 3, ampliaba la condición de víctima a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”. Y en el 31 reconocía “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, además de prometer la auditoría de los “bienes expoliados durante la Guerra y la Dictadura”. También se garantizaba un desarrollo legislativo, que, a día de hoy, letrados e investigadores siguen esperando, junto con un protocolo para las devoluciones. También aguardan los herederos, cuya edad en varios casos no da margen para más paciencia. La inacción de un Gobierno progresista, de coalición entre PSOE y Sumar, aumenta su asombro y frustración.
“Para cumplir con el espíritu de la Ley de Memoria Democrática, en vez de quedarse en la pura norma, hay que hacer todo lo posible para facilitar la reparación para los herederos o las instituciones a las que se expoliaron bienes”, plantea Laura Sánchez Gaona, abogada al frente de varias reclamaciones. Entre otras, la de la familia de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, celebrado en octubre de 2023 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto homenaje a varias víctimas.
Algunas obras de Rico figuran en el inventario de Cultura: están en el Museo Nacional del Romanticismo o en el del Traje. Otras, según Sánchez Gaona, descansan en el Prado o en los Museos de Bellas Artes de Asturias y Valencia. “Pensábamos que, una vez presentada la documentación y localizadas las piezas, la implementación de vías para el resarcimiento iba a ser mucho más rápida. Pero el gran atasco se produce justo entonces. No se contesta a las reclamaciones ni se abren expedientes de restitución material”, apunta la abogada.
“Es importantísima la proactividad a la hora de contactar a los interesados, que el proceso sea intuitivo y no se deje todo en mano de los reclamantes. Hay que ir mucho más allá de la simple búsqueda o localización de las obras, y tomar inmediatamente las medidas para que haya restitución o compensación”, añade Sánchez Gaona. Desde Cultura subrayan que, ahora que tienen el inventario y el informe de la Abogacía del Estado, quieren precisamente “analizar las peticiones que ya estaban hechas” y ponerse “en contacto” con las familias que han pedido devoluciones.
Las letradas entrevistadas, en realidad, cuestionan su propia contratación. Creen que, para respetar la ley que aprobó, el Ejecutivo debería encargarse de averiguar paradero y propiedad de todos los bienes incautados, y devolverlos o compensar a las víctimas. Además, argumentan que supondría un ahorro de costes, posibles conflictos, enredos burocráticos y, sobre todo, agravio para quien ya sufrió mucho. “Siempre me ha parecido una vergüenza que, para lograr una justicia reparativa, las víctimas tengan que fichar abogados. Es un doble castigo”, dice Santos Mateo.
Pero la realidad es que las necesitan. Por la resistencia y opacidad de las que todas las fuentes culpan a la Administración. Y también porque la cuestión moral parece clara, pero la legal puede complicarse. Un reciente informe de la Abogacía del Estado, que Cultura anunció junto con su inventario, apunta la hoja de ruta para reclamar obras por la vía civil. Subraya la importancia de analizar caso por caso, pero también avisa de que, en algunos, puede haberse producido la usucapión. Es decir, que la exposición “pública, notoria y pacífica” del bien durante años sin que se reclamara haya dado pie a la reversión de la propiedad hacia el Estado. Ambas letradas comparten criterio: firmemente en contra. En su interpretación, todo ello nunca se aplica cuando el punto de partida es una atribución ilícita, como una incautación o expolio.
Entre tantos problemas, los entrevistados destacan también ejemplos positivos. Las investigaciones de Colorado se han topado con muchos obstáculos, pero con la colaboración del “Museo de Bellas Artes de Asturias, el de san Telmo de San Sebastián, de Pontevedra, o universidades como la de Oviedo”. El profesor también cita el Prado, que le encargó investigar su colección en busca de obras incautadas. Halló 70, desveladas en un informe público.
Ante una petición por el Portal de Transparencia enviada por este diario, la pinacoteca informó de que tiene en marcha cuatro reclamaciones. Justo las que ha presentado Laura Sánchez Gaona: en nombre de Rico, por Escena de majos y celestina y Asalto a la diligencia, atribuidos a Eugenio Lucas Villaamil; del marqués de Villalonga, por Cabeza de mujer con mantilla blanca, de Joaquín Sorolla; y de las iglesias de Yebes y Pareja, en Guadalajara. De momento, eso sí, ninguna pieza ha vuelto a casa. El Museo Nacional Reina Sofía, contactado por la misma vía, aseguró no tener ningún frente abierto en este sentido.
La familia De la Sota y Llano sí acaba de recuperar un retrato, requisado por los sublevados franquistas en 1938. “Han ido mucho más rápidos que el Estado”, agradecía Rafael Mateu, del despacho que llevó la reclamación, Ramón y Cajal, al Ayuntamiento de Burgos, liderado por el PP con el apoyo de la extrema derecha de Vox. Y, en sus indagaciones, Santos Mateo ha hallado restituciones anteriores, impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona y avaladas entonces por Cultura: el 13 de diciembre de 1990 el Museu d’Art Modern entregó dos esculturas a Juan Negrín Mijailovich, hijo del último jefe de Gobierno de la II República española. Y el 15 de marzo de 2001 devolvió 11 obras a Fernando Barral Arranz, hijo del escultor Emiliano Barral, fallecido en 1936 en la célebre batalla de Madrid.
Es el camino que también espera seguir el Cabildo de Gran Canarias. Y de paso, quizás, lograr la “primera devolución de obras realizada conforme a la Ley de Memoria Democrática”, como subraya la jefa del Servicio de Museos, Alicia Bolaños. Hace casi un año y medio desde que Sánchez Gaona, en representación de los nietos de Pedro Rico, se puso en contacto con su institución. Reclamaban cinco óleos incautados y jamás devueltos, que habían recalado en la Casa de Colón. Las dos partes coinciden en que hubo entendimiento, una visita de los herederos al centro y un inventario interno. Para Alicia Bolaños se cumplían todos los requisitos: obras secuestradas, condición de víctimas según la definición de la nueva normativa, propiedad demostrada. A falta del desarrollo normativo de la Ley de Memoria Democrática, la tramitación se acogió al Real Decreto 2134/2008, “por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil”.
“Estas personas no pueden ser víctimas también de lagunas legales”, sostiene Bolaños. Así que en octubre de 2023 abrió un expediente para la restitución. Lo suspendió, sin embargo, en cuanto descubrió que la Abogacía del Estado preparaba un informe sobre ese ámbito: quería leerlo e incluirlo, para completar su petición. Asegura que Cultura le aclaró que no podía facilitárselo, pero sí le mandaría otro documento que estaban elaborando internamente. Nunca sucedió, según Bolaños: “Y ahí la cosa se quedó parada”.
“Sé que para nosotros son cinco cuadros y ellos tendrán muchos y es más complicado. Cultura entendía que se tenía que hacer de una forma unificada al haber obras de Rico en varios museos. Pero yo no estoy conforme con que lo nuestro se quede en suspenso. Si la ley habla de este espíritu, hay que cumplirla”, explica Bolaños. De ahí que solicitara reuniones con el ministerio de Urtasun y el de Memoria Democrática. El segundo les atendió y les “felicitó” por el trabajo realizado.
Desde Cultura, responden que su enfoque siempre ha sido el de ir “caso por caso” y que, entre otros, tienen previsto hablar pronto con el Cabildo. Mientras, Bolaños sigue avanzando: estos días ha recibido desde el Ministerio de Memoria Democrática precisamente el informe de la Abogacía del Estado. Pretende incorporarlo cuanto antes a su expediente, para reactivarlo y acelerar su resolución.
También por eso los nietos de Rico decidieron hace unos días enviar una carta. “Está escrita con el corazón”, afirma su abogada. Y va dirigida al mismísimo presidente del Gobierno. El que presenció el homenaje a Rico en octubre. Y que tantas veces ha defendido la memoria democrática: “Recurren a él porque ha sido muy proactivo en estos asuntos. Y porque, ante tanta opacidad, se pide ayuda al que pueda resolverla”. Pasaron décadas. Ahora se están perdiendo meses. El tiempo pasa. Muchos reclamantes, por desgracia, tienen cada vez menos.
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