Arnaldo Otegui, el irredento etarra, no se anda con chiquitas. Bildu ha registrado en el Congreso de los Diputados un documento en el que exige al Gobierno de Pedro Sánchez «realizar una investigación rápida y efectiva sobre la infiltración de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas e informar del resultado de la misma a la Comisión de Defensa» del Congreso. En un sagaz artículo, Carlos Cuesta ha puesto en evidencia el descaro de Bildu que exige «declarar personas non gratas en las Fuerzas Armadas a los participantes de dichas iniciativas (infiltraciones)». Los bilduetarras conminan al Gobierno de Pedro Sánchez para que exprese «su total rechazo a los manifiestos y misivas de carácter político franquista y ultra, impulsados por algunos miembros de las Fuerzas Armadas».
Tras adueñarse de la alcaldía de Pamplona, cubrirse directa o indirectamente de dinero público, expulsar a un sector de la Guardia Civil de Navarra, Bildu fustiga ahora a las Fuerzas Armadas, cuando la objetividad exige reconocer la impecable actividad de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire tras el 23-F. Su contribución a que la democracia pluralista haya funcionado en plenitud puede considerarse decisiva. Los historiadores más objetivos así lo subrayan.
Está claro, sin embargo, que sectores separatistas de extrema izquierda, encabezados por los bilduetarras de ETA, consideran que ha llegado el momento, ante la debilidad del Gobierno sanchista, de emprenderla contra la institución que, junto a la Corona, garantiza la unidad territorial de España. Desdeñar la denuncia de Carlos Cuesta sería hacer el juego a la extrema izquierda, hostil a lo que significan institucionalmente las Fuerzas Armadas.
Porque el artículo 8 de la Constitución española, aprobada por la abrumadora mayoría del pueblo español, especifica de forma inequívoca: «Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». El mayor error que se puede cometer desde el punto democrático es provocar una intervención de las Fuerzas Armadas en la vida española, porque existe el riesgo de que el médico al que se llama de urgencia se quede de cabecera.
